La actuación del Ayuntamiento de Chiclana, que quiere embargar 20 de los garajes de Astilleros que se subastaron hace un par de semanas, no sólo ha sorprendido a la Oficina de Rehabilitación de la Junta, actual propietaria de estos inmuebles. Tampoco el Ayuntamiento gaditano ve posible realizar este embargo.

El Consistorio gaditano no se distingue precisamente por mantener buenas relaciones con la Junta de Andalucía, con las que son más que comunes las trifulcas de los más variados tipos. Una de las más recurrentes es, precisamente, la deuda que la Comunidad Autónoma mantiene con el municipio, y que asciende a unos 5 millones de euros, según explica el teniente de alcaldesa delegado de Hacienda, José Blas Fernández.

"Ojalá pudiéramos embargar", dice el edil. Y es que el Ayuntamiento gaditano asegura que los bienes de la Junta son inembargables, mientras que el de Chiclana aseguraba ayer que sólo lo eran los bienes demaniales y no los patrimoniales. Y los garajes de Astilleros corresponden a este último tipo.

De todas maneras, Cádiz también mantiene otra duda sobre la actuación chiclanera. La Oficina de Rehabilitación depende de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) y, como empresa pública, Fernández sí cree que se podría embargar. Pero sólo por las deudas que tiene como EPSA, y no por otras que mantenga la Junta de Andalucía. No obstante, el embargo proviene de una deuda de la empresa por el IBI de pisos sociales en el municipio de la Bahía, que ya ha sido pagada, en una mínima parte. El resto corresponde a débitos de la Consejería de Educación, del Instituto Andaluz de Asuntos Sociales y de la Junta en general.

El edil gaditano pone ejemplos con empresas municipales: se puede embargar a la de aparcamientos, Emasa, si esta debe algo. Al ser participada en un cien por cien por capital municipal, el Ayuntamiento respondería de esta deuda si fuera necesario. Pero lo que no se puede hacer es embargar a Emasa por una deuda que mantenga, por ejemplo, la Concejalía de Asuntos Sociales.

Frente al convencimiento que existe en el Ayuntamiento de Chiclana de que la actuación es correcta, el de Cádiz ya lo ha intentado todo sin conseguir cobrar: ha acudido al Gobierno central para que desglose la deuda de su aportación a la Junta, y ha ido al Defensor del Pueblo. Finalmente, negocia para figure como partida en el presupuesto andaluz.