El Ayuntamiento de Cádiz anunció ayer que en los próximos tres meses Procasa indicará al padrón de la ciudad aquellas viviendas municipales que están ocupadas y cuyos inquilinos se han negado a dar sus datos a los agentes censales que llevaron a cabo el último censo de población. La idea del Consistorio es comenzar un empadronamiento de oficio a las familias que son objeto del contrato. "Si alguien está viviendo en una vivienda municipal en alquiler, llega el agente censor y no quiere dar sus datos, alguna razón de vulneración de la legalidad debe haber. No es legal que una casa de protección oficial esté ocupada por quien no figura en el contrato", comentaba la alcaldesa en la rueda de prensa posterior a la junta de Gobierno. Teófila Martínez advirtió que si confirman que hay personas que están ocupando esos pisos de forma fraudulenta tendrán que "abandonarlos, porque el inquilino de las mismas debe ser el titular de la ayuda municipal, no creo que eso sea necesario explicarlo", dijo. "Las viviendas protegidas son para familias que no tienen recursos, pero si se les da a unas personas y al final viven otras, pues eso no puede ser".

Lo mismo hará Procasa con las viviendas protegidas en venta que haya tramitado la empresa municipal. En todas ellas se empadronará de oficio a las que sean objeto del contrato firmado en su día.

En total, el Ayuntamiento ha detectado 2.700 viviendas con personas que no han querido facilitar sus datos en el último estudio para el padrón llevado a cabo por 15 agentes.

Teófila Martínez indicó que la Junta de Andalucía ya les ha negado de palabra su colaboración en esta materia, "pero vamos a requerirle de nuevo su ayuda y si no se lo demandaremos a través de las instituciones legales que corresponda, porque la Junta tampoco puede consentir, no sólo ya por el empadronamiento, que en viviendas protegidas estén otras familias, porque eso es un fraude a la Hacienda pública, pues todas esas viviendas tienen ayudas que pagamos el resto de los españoles. Por tanto, el que viva allí tiene que ser el que ha sido objeto de la adjudicación, tanto en alquiler como en venta".

Dentro de tres meses, el Ayuntamiento procederá a iniciar el expediente sancionador del fraude que se está cometiendo con estos pisos "y de la falta de vigilancia de la Junta de Andalucía, que si no nos ayuda estará consintiendo el fraude".

En la comisión de Gobierno también se aprobó sacar a concurso la construcción de 70 viviendas para jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra, que serán sorteadas una vez se ponga en funcionamiento el registro de demandantes de viviendas al que obliga la nueva ley de viviendas protegidas. En septiembre posiblemente se liciten otras 60, indicó la alcaldesa.