El Ayuntamiento debe devolver la plaza de la Reina si no construye el Museo

  • El acuerdo para la construcción del edificio, de 29 de marzo de 2011, establece que si el solar de La Viña no fuera destinado al uso previsto, "se considerará resuelta la cesión y revertirá" a la Junta

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El Ayuntamiento de Cádiz dio a conocer el pasado mes de abril un nuevo proyecto para la plaza de la Reina: un espacio de ocio de 1.700 metros cuadrados, con 500 destinados a vegetación y en el que también está previsto un templete para actuaciones y una zona de juegos infantiles. Esta decisión fue tomada por el equipo de Gobierno tras anunciar que descartaba la construcción del Museo del Carnaval en este terreno emplazado en el barrio de La Viña y que fue cedido, gratuitamente y por un periodo de 50 años, por la Junta de Andalucía para la construcción, en concreto, "de la sede de la Casa Museo del Carnaval de Cádiz". Así reza en el convenio de colaboración Patrimonial y Urbanístico formalizado el 27 de enero de 2010 entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta y el Ayuntamiento gaditano. E igualmente queda recogido en el acuerdo de 29 de marzo de 2011, del Consejo de Gobierno, de la cesión de la parcela, y que fue publicado en el BOJA el 12 de abril de 2011. Un acuerdo éste cuyo contenido no resulta compatible con la aprobación, por parte del Consistorio, de un nuevo proyecto para ese suelo. A tenor de lo establecido en el documento, no es posible la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para calificar la parcela como espacio libre. Y es que, en la estipulación segunda del acuerdo se especifica lo siguiente: "Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá a la comunidad autónoma de Andalucía, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo la comunidad autónoma de Andalucía, además, derecho a percibir del Ayuntamiento, previa tasación parcial, el valor de los detrimentos o deterioros del mismo". Por tanto, el Consistorio está obligado a devolver la parcela si no va a levantar en ella el Museo.

Además, en el convenio suscrito en enero de 2010 por la entonces consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y la alcaldesa, Teófila Martínez, no sólo se establece la cesión del uso del inmueble del antiguo Instituto La Viña, por 50 años, al Consistorio para la construcción del Museo, sino que también se especifica que tanto las obras de demolición como la nueva construcción "se llevarán a cabo a riesgo y ventura del Ayuntamiento, sin que su autorización suponga para la Junta de Andalucía más compromisos u obligaciones que las contenidas en el presente convenio".

Así, teniendo en cuenta lo expuesto en ambos documentos, la modificación puntual número 1 del PGOU que aprobó el pasado 31 de marzo el pleno municipal -con los votos favorables del PP y la oposición del PSOE e IU- para cambiar el uso de la plaza de la Reina y convertirla en una plaza pública supone alterar lo acordado por ambas administraciones. El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, avanzó a este medio la pasada semana que la Administración regional va a presentar alegaciones a esa modificación puntual del PGOU.

Cabe recordar que la decisión de ubicar el Museo en la plaza Guerra Jiménez y no en el solar del antiguo IES La Viña la tomó la regidora a finales de 2012, tras comunicar la Junta que no iba a aportar dinero al proyecto, limitando su apoyo a la cesión del solar, valorado en 4,3 millones de euros. Así, más allá del Ayuntamiento y de la Diputación, ninguno de los que integraron en un principio la Fundación Casa Museo del Carnaval están dispuestos a aportar cuantía económica para esta obra.

Teófila Martínez aseguró días atrás que apoya la ubicación del Museo en La Viña, aunque añadió que este proyecto sólo puede salir adelante si la Junta aporta fondos. Asimismo, se mostró contraria a financiar la construcción del edificio en "un suelo que sólo está cedido en uso" y que, a los 50 años, "pasa a manos de la Junta". Condiciones éstas que aparecen recogidas en el acuerdo que rubricó en 2010.

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