El pasado miércoles 23 de enero, la Oficina de Rehabilitación de la Junta subastaba plazas de garajes situadas en tres edificios de realojo del barrio de Astilleros entre vecinos de la zona y de los barrios colindantes. Ese mismo día, una vez terminado el proceso y adjudicadas las plazas, recibió una notificación del Ayuntamiento de Chiclana: una orden de embargo de veinte plazas -situadas en Emilio Castelar, 3 y adjudicadas a habitantes de Astilleros- por deudas, ninguna de ellas contraídas por la Oficina.

El Ayuntamiento de Chiclana también pidió ese mismo día al Registro de la Propiedad que realizara una anotación preventiva, cosa que según el municipio está en trámites y que, según la Junta, se ha rechazado por defectos de forma de momento.

Los embargos corresponden a deudas contraídas por la Junta en Chiclana en los últimos años. Por deudas de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía se pretende el embargo de una plaza, ya que debía 16.302,50 euros que ya se han pagado, según indica el director técnico de la Oficina de Rehabilitación, Jesús Martínez. La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Eugenia Fernández, explica que esta deuda correspondía al impago del IBI de viviendas sociales.

Esta es la única deuda saldada hasta ahora. Otros 17.048,33 euros (dos plazas de garaje) se le reclaman al Instituto Andaluz de Servicios Sociales por el impago del IBI de un centro de mayores desde el 97; a Educación se le requieren 127.580,37 euros (diez plazas) por el mismo impuesto sobre centros concertados de 2003 a 2006, y a la Junta en general, 69.571,40 euros (seis plazas) por el IBI del 96 a 2005 sobre los pisos municipales, ya que han tenido diferentes titulares antes de que las gestionara la EPSA.

Desde la Oficina se muestra el asombro por la medida llegada desde Chiclana cuando los inmuebles ya habían sido adjudicados. De momento, además de pagar la deuda más cercana (la de la EPSA, organismo al que pertenece la Oficina) ha remitido el resto del expediente a manos de la Delegación Provincial de Hacienda y Patrimonio, que tendrá que adoptar alguna decisión. En principio, a la Junta le extraña que un Ayuntamiento pueda embargarle, y además en otro municipio.

Pero se ha dado otro paso más: informar, el pasado martes, a los adjudicatarios a los que habían correspondido esas plazas de lo que había ocurrido. Actualmente se están realizando los trámites que siguen tras la subasta y restan dos semanas antes del plazo establecido para la firma de escrituras. La Junta espera haber solventado este problema antes, pero cree que este intento de embargo en todo caso sólo conseguiría demorar la escrituración.

Desde el Ayuntamiento chiclanero se indica que no hay intención alguna de perjudicar a los adjudicatarios, sino cobrar lo que la Junta le debe: "no vamos en contra de los vecinos, sino de la Junta", asegura la delegada de Hacienda.

La edil dice que el embargo se puede hacer porque ya hay sentencias en este sentido. Se eligieron estos inmuebles porque, como iban a subasta, se tenía la seguridad de que eran patrimoniales y no demaniales; estos últimos no se pueden embargar, pero tampoco subastar. De hecho, por eso no actuaron antes pese a que los garajes llevan años construidos: hasta que no salieron a subasta no tuvieron certeza de que eran patrimoniales. También responde Fernández sobre cómo puede Chiclana embargar en Cádiz: porque lo ha hecho a través de la Diputación Provincial.