Cádiz tiene ahora la segunda oportunidad para acogerse al Plan de Grandes Ciudades. El Gobierno andaluz llama a las puertas de diez municipios andaluces, entre ellos Cádiz, para darles la posibilidad de adherirse.

Se habla de la segunda porque allá por 2003 fue una ley estatal calcada a la que ahora contempla el anteproyecto andaluz la que abría la posibilidad a Cádiz de sumarse a esta norma. Pero entonces, a pesar de que el Ayuntamiento insistió de forma persistente en beneficiarse de la nueva Ley de Grandes Ciudades, Cádiz al final optó por rechazar esa posibilidad.

El motivo lo explica la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez. "Ya lo peleamos en su día pero después de analizar número por número pudimos comprobar que la adhesión suponía una serie de gastos para una ciudad con recursos muy limitados y con muy pocas posibilidades de expansión".

Entre los beneficios que se encuentran en este nuevo régimen organizativo está, como la propia alcaldesa ha reconocido, un mayor acercamiento y más servicios al ciudadano que se podrían conseguir gracias a la nuevas estructuras que permite es ta Ley de Grandes Ciudades. Algunas de estas ventajas son la disponibilidad de delegados municipales no electos para asumir tareas concretas, la creación de una oficina del defensor del ciudadano, un consejo social de carácter consultivo, o servicios específicos para la tramitación de impuestos municipales. Ya, más a nivel organizativo dentro de la propia Corporación, permitiría también, por ejemplo, que no sea el alcalde el que tenga que presidir los Plenos o bien que alguna persona ajena, siempre la misma, pueda acceder a las juntas de Gobierno local.

Son muchas las variaciones pero todas a nivel burocrático. Y como ya reconoció el martes la propia consejera de Gobernación, Clara Aguilera, los efectos de esta norma, aún en rango de anteproyecto, nunca son económicos.

Es en este punto en el que se apoya Teófila Martínez a la hora de mantener que Cádiz estudiará esta nueva oportunidad pero que, "como supone un desembolso corriente importante", todo indica a que en esta ocasión Cádiz tampoco se convertirá en gran ciudad.

"Cuando acabe el año veremos los resultados y tomaremos una decisión al respecto", declaró ayer la alcaldesa.

De todas formas, la opción de ser o no gran ciudad es un acto voluntario y tendrá que ser aprobada por mayoría absoluta en pleno. Después la alcaldesa dirigirá una solicitud a la presidenta del Parlamento, en el plazo de un mes desde su aprobación.