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La Audiencia reabre la querella del PP contra el alcalde por el caso Loreto

  • La causa por injurias y calumnias volverá al Juzgado de Instrucción que la archivó

Manuel González Bauza y José María González, el día que hicieron las declaraciones en una asamblea.

Manuel González Bauza y José María González, el día que hicieron las declaraciones en una asamblea. / fito carreto

La Audiencia Provincial ha admitido el recurso del Partido Popular al archivo de la causa por injurias y calumnias por el caso del agua de Loreto contra el alcalde José María González; su jefe de gabinete, José Vicente Barcia; y el entonces concejal de medio Ambiente, Manuel González Bauza.

El Juzgado de Instrucción número 3 decidió archivar la causa contra estas tres personas, que habían sido denunciadas por el Partido Popular cuando el alcalde manifestó en una asamblea celebrada en el barrio de Loreto que el anterior equipo de Gobierno "había suministrado a sabiendas agua contaminada" en el citado barrio durante varios días antes de que se produjera el corte del servicio.

El alcalde afirmó que el PP "suministró agua contaminada a sabiendas" en el barrio

Fuentes judiciales aseguran que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ha reabierto el caso, que ahora vuelve al Juzgado de Instrucción número 3, y que tendrá que continuar con las diligencias, entre otras razones, para atender a las peticiones del Partido Popular. Entre ellas estaba la de tomar declaración a los periodistas y a José María González, José Vicente Barcia y Manuel González, que en su día ya fueron citados a declarar por el mismo juzgado en la categoría de investigados.

Se da la circunstancia de que el archivo del caso se produjo cuando todavía no se había decretado el cierre de las diligencias por la presentación de los informes por parte del actual equipo de Gobierno, en el que se pedía que se investigara si se habían cometido irregularidades en la gestión de la crisis por parte del Partido Popular. Eso es algo que extrañó al PP, que se cerrara su denuncia sin esperar al dictamen de la Fiscalía, que finalmente descartó que se hubieran producido irregularidades.

El auto de la jueza de instrucción número 3, Rosa María García Jover, sostenía que "no existía por parte de los querellados un propósito específico de injuriar". Para ello enmarcaba la conducta a investigar "en el marco de la crítica inherente con relación a la actuación de los servidores públicos". El portavoz del Partido Popular, Ignacio Romaní, se mostró el día que se archivó la causa contrariado con este argumento, ya que estimaba que "no creemos que por el hecho de ser un cargo público o un político exima a nadie de imputar un delito a otra persona".

La jueza decía en el auto que no se imputaba de forma genérica a los querellantes, es decir, al Partido Popular, la comisión de un delito contra la salud pública, sino que se estaba haciendo referencia a "irregularidades administrativas". El archivo de la causa también estuvo apoyada por la Fiscalía. En lo único en lo que no entró en esta última, y sí lo hizo la juez, fue en criticar el papel de los medios de comunicación y su posible "falta de rigor" a la hora de interpretar las palabras del alcalde, a pesar de que las crónicas eran coincidentes.

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