El archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía Provincial ha generado la misma disparidad de reacciones que las que han existido durante toda la polémica que originó la presentación del estudio realizado por la actual gerencia de Aguas de Cádiz.

En primer lugar, desde la empresa municipal aseguraron ayer que hasta las 15 horas aún no se había recibido la notificación del dictamen de la Fiscalía. Por ello, mostraron su "sorpresa" y resaltaron que "causa extrañeza" haber conocido esta noticia a través de los medios de comunicación. Con esta consideración, afirmaron que con esta resolución "a priori no se cierra nada", por lo que esperan recibirlo para "estudiar el decreto de la Fiscalía para ver qué pasos seguir". De hecho, recalcaron que la sociedad "no renuncia a nada".

Asimismo, recordaron que "lo que esta empresa municipal hizo en su día fue cumplir con el compromiso de aclarar lo sucedido en Loreto, tal y como demandaban los vecinos, así como llevar esa información a la Fiscalía para que estudiara si se había producido algún tipo de delito".

Por su parte, la palabra que define lo que supone para el PP esta noticia es satisfacción por quedar respaldada por la Fiscalía la actuación que realizó al frente del equipo de Gobierno. El portavoz del Grupo Municipal Popular y expresidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, quiso, en primer lugar, felicitar a los trabajadores de la empresa municipal "porque lo han pasado muy mal y nuestra mayor alegría es que se haga justicia con ellos: fue su celo el que posibilitó detectar el problema, y trabajaron noche y día para proteger a los vecinos. Que tuvieran que ver un año después que un alcalde, su alcalde, les acusaba de algo tan horrible ha sido muy duro para todos".

Asimismo, Romaní anunció que el PP va a solicitar una reunión urgente de la Comisión de Sostenibilidad para pedir la restitución de los técnicos que han sido apartados de sus anteriores funciones al considerar que "han sido acusados y degradados. Además de unas disculpas oficiales tienen que ver recompensado tanto maltrato".

Una vez salvado el apartado de los trabajadores, llegó el turno de la política. "Ni Teófila ni mis compañeros ni yo vamos a perdonar que intentaran atentar contra nuestra dignidad como personas. Pretendían nuestra muerte social. González Santos ha querido jugar con el Código Penal para imputarnos un delito grave que no ha existido. Ahora todos, sin excepción, utilizaremos el Estado de Derecho para poner a cada uno en su sitio", declaró.

El portavoz del PP apuntó que su grupo municipal abordará en próximos días lo que se recoge en la resolución, de la que no disponía ayer de todos los detalles. A pesar de esto, aseveró que "certifica lo que todos sabíamos, que la gestión fue correcta, la adecuada, que no hubo mala praxis y que el incidente de contaminación no afectó a nadie. Y no afectó a nadie porque hicimos lo correcto y porque trabajamos sin descanso. Siempre de la mano de los técnicos y de las autoridades sanitarias. ¿A alguien en su sano juicio o con un mínimo de decencia se le puede pasar por la cabeza que alguien, político o lo que sea, puede tomar una decisión en contra de lo que las autoridades sanitarias o los técnicos le dicen?".

Ante esto, Romaní consideró que lo peor fue "ver como alguien a quien no puedo siquiera calificar, nos acusaban de contaminar a 13.000 personas a sabiendas", por lo que en referencia a la querella que interpuso el PP preguntó: "¿Y ahora nos quieren decir en el juzgado que eso era crítica política? ¿Crítica política era inventarse, porque en ningún sitio han podido verlo, tal y como ha dejado claro la Fiscalía, que habíamos dado agua contaminada sabiéndolo?".

Por ello, Romaní cerró afirmando que "hoy -por ayer- no pediremos la dimisión de González Santos como alcalde, previa destitución de González Bauza y del jefe Alcaldía, porque entendemos que es él quien debe tomar esa iniciativa. No le queda otra alternativa que marcharse, nos acusó de un delito horrible que ellos se inventaron".