"La luz es como el agua: abres el grifo y sale", decía uno de los personajes de un cuento de García Márquez. La electricidad debería fluir nada más pulsar los interruptores de cualquier casa. La posibilidad de un consumo energético suficiente para una vida digna, efectivamente, debería ser un derecho humano garantizado por medidas como la del Suministro Mínimo Vital de agua que aprobó por unanimidad esta semana el consejo de administración de Aguas de Cádiz. Una unanimidad matizada por el voto a favor del PP, que quedó condicionado a un par de cambios en favor de quienes no puedan demostrar la disponibilidad de la vivienda que habitan. Sobre todo en el caso de que el propietario haya iniciado ya los trámites de un desahucio. Pese a que esto último diese pie a otra bronca política sin sentido -la enésima- no parece que vaya a lastrar el objetivo principal que persigue este bono social: impedir los cortes del agua a las familias en situación de exclusión social o que de manera transitoria no pueden pagar el recibo. El viernes, el presidente de la empresa municipal y concejal de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, despejó dudas y dijo que, en tanto no se modificase el reglamento andaluz que exige al solicitante la demostración de la disponibilidad del inmueble, actualmente a debate, Aguas de Cádiz será flexible con estos casos.

Sin embargo, el bono social de Eléctrica de Cádiz sigue enquistado. Y las razones son varias. El sector de la distribución energética es mucho más complejo que el del abastecimiento del agua. En él, y en la propia firma de capital mixto gaditana, confluyen la empresa privada y la pública, comercializadoras de referencia, o mayoristas, y suministradoras minoristas. Y, lógicamente, diversos intereses. Para colmo, la propuesta del bono social local viene a coincidir en con la del bono estatal. Y según este último, las suministradoras deben cargar con su financiación, aunque sólo las mayoristas puedan ofrecer la ayuda nacional. Una condición que condena a la 'hermana pobre' de Eléctrica de Cádiz, pero que no debería ser un hándicap para la comercializadora -la 'hermana rica'- si se tiene en cuenta que el bono local sólo representaría el 7% de sus beneficios: En 2015 fueron 9,76 millones de euros y desde 2012 acumula 35,7.

Entonces, ¿qué impide la aprobación del bono local? La falta a día de hoy de un texto de convenio que recoja las reivindicaciones del PP, que mantiene haber votado en contra -junto a los consejeros de Endesa-por la inexistencia de ese texto. Hace ya más de dos meses que el alcalde adelantó que lo presentaría, "aunque tuviera que esculpirlo en piedra". También es verdad que las formas en una de las peticiones de los populares han molestado en el equipo de Gobierno. Concretamente la cuarta, formulada textualmente así: "Que no se utilice la Fundación Eléctrica de Cádiz ni ninguna otra como chiringuito financiero para sortear la ley. Y especialmente, en el caso de la Fundación Eléctrica de Cádiz, que mantenga sus fines, su labor social, y no sea utilizada como un mero instrumento para la circulación de dinero". Y tampoco parece que entre en los planes del Ayuntamiento la sustitución del bono local por el estatal en ningún momento.

El PP pide que "el procedimiento, la gestión, y el reparto de ayudas estén siempre autorizados y rubricadas por la concejala delegada de Asuntos Sociales y el director del Área de Servicios Sociales". Que "el convenio establezca claramente a quién corresponde el pago de los conceptos de la factura de la luz que no son recogidos en el proyecto de bono gaditano". Y, sobre todo, "que dirima quién tiene esa responsabilidad en casos excepcionales en los que se exceda en el consumo de energía por parte de las familias".

También solicitan que "refleje claramente que los talleres de ahorro energético que se han impuesto como condición para acceder al bono sean impartidos por funcionarios municipales cualificados o trabajadores de la empresa Eléctrica de Cádiz". Y que el convenio " establezca de manera diáfana las funciones de cada parte firmante y la responsabilidad jurídica y económica de las mismas, para lo que se requerirá, en el caso del Ayuntamiento, informe favorable de su Intervención, dado su peso en el accionariado" tanto de la comercializadora como de la suministradora".

Además, el PP plantea que "el presupuesto para la financiación del bono sea finalista y que figure de esa forma en los capítulos presupuestarios de la Delegación Municipal de Servicios Sociales". Y que el convenio "excluya expresamente la posibilidad de que la comercializadora repercuta entre sus clientes no acogidos al bono el coste del mismo, tal y como apuntaba el informe jurídico encargado por Eléctrica de Cádiz".

Por último, los populares exigen "la creación de una comisión de seguimiento para el control de la puesta en marcha del bono participada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, cuyas reuniones se celebren de manera trimestral -al menos- durante el primer año". Que en paralelo a su puesta en marcha " el Ayuntamiento lleve a cabo las gestiones necesarias ante el Gobierno de la Nación para que Eléctrica de Cádiz sea contemplada en la aplicación del bono estatal". Y que "el convenio establezca claramente que este sistema de bono eléctrico de Cádiz será sustituido por el bono estatal en cuanto éste se ponga en marcha y se establezca el mecanismo por el cual las familias gaditanas que lo necesiten se puedan acoger al mismo".