Un acuerdo a tres bandas va a permitir encarar el final del largo proyecto del Plan Plaza de Sevilla, una de las mayores operaciones urbanísticas pendientes en la capital y que se desarrolla, con numerosos altibajos, desde hace dos décadas.

El Ayuntamiento, el Ministerio del Interior y Adif cuentan ya con un esbozo del nuevo convenio que va a solventar los problemas que, debido a la crisis económica, se topó el documento firmado en 2008 y que desde el Administrador Ferroviario se consideró que era económicamente imposible de cumplir. El texto ya se analizó en una reunión celebrada el pasado miércoles y se hará firme, presumiblemente, en otro encuentro que se va a desarrollar a finales de este mes.

El Ayuntamiento se queda con la urbanización que debía ejecutar Adif

El gobierno de José María González, a través de la concejalía de Urbanismo que dirige Martín Vila, ha jugado con habilidad en estos dos años de gestión desatascando un proyecto cuya viabilidad estaba puesta en entredicho y que ponía en peligro la urbanización de la conexión del casco histórico con el puente de la Constitución de 1812.

El paso esencial para reactivar la operación ha sido que el Ayuntamiento asuma todas las obras de urbanización que estaban en manos de Adif, desde la avenida de Astilleros hasta el parque de la Muralla, una vez que la empresa ferroviaria dejó claro que no contaba con fondos para ejecutarlas. A cambio, el Ayuntamiento se queda con la propiedad de la parcela de uso terciario que Adif tiene en la avenida, en un lateral de la estación, y que tras varios concursos públicos era incapaz de ponerla en el mercado.

Sin embargo, el Ayuntamiento sí ha podido en estos dos años buscar candidatos para quedarse con este suelo: el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo. El primero va a utilizar la mayor parte de la parcela para la construcción de la nueva sede de la Comisaría de la Policía Nacional; el segundo va a construir un nuevo edificio, de dimensiones ostensiblemente más reducidas, para ubicar las instalaciones del Servicio Público de Empleo que hoy funcionan en el estadio Carranza.

Con ambos equipamientos públicos quedarán cubiertos dos tercios de esta parcela. Los restantes 1.200 metros cuadrados libres irán presumiblemente para una superficie comercial.

El Ayuntamiento se quedará con el edificio de la vieja Comisaría en la avenida de Andalucía, que se transformará en un hotel. Igualmente pasará a manos del patrimonio municipal la sede de la oficina del DNI, que será derribada para crear un espacio público abierto junto a la muralla. Se mantendrá en uso las viviendas de la Policía Nacional allí existentes.

También asume el Ayuntamiento la urbanización del futuro parque de la Muralla, que se ubicará en el terreno dejado por la estación provisional de autobuses y, ya pronto, por el aparcamiento de Adif. Será una de las mayores zonas verdes de la ciudad que incluirán actuaciones de reparación en el lienzo de la muralla, sobre el que no se actúa desde hace décadas.

Una vez ratificado el nuevo texto del convenio entre todas las administraciones implicadas, incluida la Junta de Andalucía aunque ésta ya ha cumplido con la apertura de la terminal de autobuses pero sigue pendiente de aclarar la segunda línea del tranvía metropolitano, que atravesará la nueva avenida de Astilleros, será debatido en el pleno.

En todo caso, toda la tramitación administrativa que aún queda por realizar, además de lo que supone cerrar las negociaciones con las distintas administraciones, motivarán que el desarrollo definitivo del Plan de Sevilla no culminará hasta el próximo mandato corporativo que se iniciará en 2019. No se ha querido correr, se afirma desde fuentes municipales, para así evitar errores del pasado que acabaron por alargar esta operación durante más de dos décadas.

Hace apenas unas semanas se abrió, dentro del Plan Plaza de Sevilla, la nueva terminal de autobuses; ya se está trabajando en la gasolinera y pronto habrá obras en el Mercado Gastronómico.