El gremio pide amparo para los que compran una casa que resulta ser ilegal

  • Registradores solicitan un cambio legal para evitar las demoliciones dictadas por el Supremo

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El Colegio de Registradores de la Propiedad, a través de su presidente, Alfonso Candau, propondrá al Ministerio de Justicia la introducción de cambios en la ley para que las personas que compraron viviendas pensando que estaban en regla pero que luego resultaron ser ilegales por motivos ajenos a su acción tengan garantía de que no serán demolidas.

Esta "espada de Damocles" para los llamados terceros adquirientes de buena fe, tal y como definieron la situación los participantes en el Congreso de Registradores celebrado en Cádiz, ha provocado la creación de un movimiento de afectados en Cantabria, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), y ha perjudicado sobremanera la imagen del sector inmobiliario español en Europa, que es justo el mercado que debe propiciar la liquidación del stock de viviendas vacacionales que arrastra el país.

El problema fue abordado por expertos en una mesa redonda moderada por la exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que subrayó la "casuística tremenda" existente a nivel judicial. La doctrina del Supremo al respecto apunta hacia el derribo en cualquiera de los casos, pues entiende que el interés general debe primar sobre el particular.

Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil, recordó que la jurisprudencia del Supremo no da cabida al principio de fe pública establecido en la Ley Hipotecaria, que establece que un comprador debe ver reconocido su derecho a la propiedad de su inmueble, aunque posteriormente sea declarado ilegal, si las causas de esa ilegalidad no constaban en el Registro. Guilarte señaló que, con estas decisiones, la confianza depositada por los ciudadanos en la Administración se resquebraja y el sistema registral se equipara al de un país "bananero".

Rafael Arnáiz, registrador de la propiedad, también abogó por "superar el marco legal actual" para solventar este problema, y analizar cada caso desde una "consideración individualizada, atendiendo a factores como la "diligencia" observada en al comprador (que se presupone por la confianza en el Registro), el uso que se dé a la vivienda (si es vivienda habitual y satisface un derecho fundamental) y la naturaleza de la ilegalidad de la construcción. "Se debe actuar con proporcionalidad, no es lo mismo un edificio construido hace treinta años en el que se excedió la edificabilidad por construir un sótano y un semisótano, que un cámping levantado en una zona de máxima protección", comparó el experto. "Hay que superar los planteamientos estanco".

La exministra Corredor recordó que el anterior Gobierno introdujo una modificación en la normativa a fin de aumentar las exigencias a la hora de inscribir la vivienda en el Registro y facilitar el conocimiento previo de posibles ilegalidades de dicha propiedad. También explicó que, entre otras medidas, se elaboró una guía de cómo comprar casas en España y la posibilidad de que las notas simples se elaboren en inglés, a fin de dar garantías a los compradores foráneos y tratar de mejorar la imagen del mercado español en Europa.

Ante las posiciones del Supremo sobre estos casos, el catedrático Guilarte se armó de ironía para ofrecer una solución a los compradores que se han encontrado, a posteriori, con la ilegalidad de sus fincas y la amenaza del derribo: "Les sugeriría que vendieran su vivienda a un magistrado de la sala III del Tribunal. Así es como el problema se solventaría, cuando ellos están al otro lado de la barrera y vean lo que se siente".

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