EL Tribunal Constitucional (TC) ha anulado -con ocho votos favorables y tres en contra- la prohibición de las corridas de toros en Cataluña impulsada por los secesionistas de esa comunidad. Eso sí, hemos tenido que esperar más de un lustro para la decisión sobre  una abolición arbitraria que ha causado un daño enorme al sector taurino porque se ha perdido otra nueva generación de aficionados y se ha hostigado a los que todavía luchan en primer lugar por la libertad y, en segundo, por los toros. Además, el ínclito Carod-Rovira ya trabajó en varias leyes contra la Fiesta, con prohibiciones a menores acompañados y haciendo la vida imposible a los empresarios que querían organizar festejos en portátiles y en plazas de segunda categoría en su etapa como vicepresidente del Gobierno de esa comunidad.

Cuando José Montilla se lavó las manos como Pilatos y los socialistas, que habían votado en bloque otras leyes, no lo hicieron así en la primera votación de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) abolicionista, dieron en bandeja el tema a los nacionalistas catalanes, que perseguían, desde hacía décadas, los toros por tratarlos como un tema identitario con España, cuando Cataluña había contado desde siempre con una de las mejores aficiones del mundo y en Barcelona -que llegó a contar hasta con tres plazas-, en el siglo pasado, se celebraban más espectáculos que en ninguna otra ciudad del mundo. 

La falacia secesionista, que con su ILP de 180.000 hablaba de que eran mayoría, quedó retratada cuando la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña recogió más de 500.000 firmas para una ILP taurina que se presentó en el Senado en febrero de 2013, con respaldo del PP, para desmontar ese salto a la torera de la Constitución española, algo que realiza el Parlamento catalán en otros temas.

La mayoría de políticos y antitaurinos que trabajaron para esa prohibición hablaban de que su objetivo era la protección de los animales. Otra falacia secesionista, puesto que un par de años después de la abolición votaron el blindaje a los correbous y bous envonlant -festejos populares del toro en la calle- debido a que esos políticos tienen su granero de votos en la Cataluña de las Tierras del Ebro, donde se celebran masivamente. La socialista Nuria Ventura llegó a decir que estos espectáculos populares son "un símbolo identitario de Cataluña que hay que defender". 

Que la prohibición es anticonstitucional está claro al saltarse varios artículos: 20, 27, 44 y 46 y el 149, que recoge que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las condiciones que regulan la igualdad de todos los españoles.

Ahora, aquellos que no quieren acatar las leyes ya apuntan a recurrirlas en Europa. Otra falacia. Sería un contrasentido que la actividad artística de un torero esté prohibida en una comunidad española, Cataluña,  y, sin embargo, el toreo pueda desarrollarse libremente en Francia. 

Estos apuntes, más algunos otros que no caben en este espacio, nos llevan a la conclusión de que en la prohibición, argumentada con falacias, subyacía el tema identitario de utilizar la Fiesta de los toros como símbolo español.