La comisión de investigación de Les Corts sobre el accidente de metro de Valencia ha concluido que la Línea 1 de Metrovalencia no era segura y señala como responsables políticos del siniestro al ex president de la Generalitat Francisco Camps y al exconseller Juan Cotino, entre otros. Así figura en el documento de 296 páginas sobre el siniestro que costó la vida a 43 personas que han presentado hoy los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, mientras que el PP ha anunciado que presentará un voto particular y que ve "una barbaridad" pedir responsabilidades políticas ahora. 

Otras de las 44 conclusiones alcanzadas apuntan a una gestión política "negligente, interesadamente apresurada y opaca" del accidente del 3 de julio de 2006, y a una manipulación informativa por parte de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) que ofreció "información sesgada" y se sometió a los intereses del PP. El documento señala como responsables políticos, además de a Camps y Cotino, al exvicepresidente Víctor Campos, al ex director general de Transportes Vicente Dómine y al exportavoz del PP en Les Corts Serafín Castellano. En el ámbito de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se apunta a varios exdirectivos, entre ellos la exgerente Marisa Gracia, mientras que en RTVV responsabilizan al entonces director general, Pedro García, y al director de Informativos de Canal 9 en el momento del siniestro, Lluís Motes. "Las causas del accidente fueron múltiples", remarcan los citados grupos, pero todas ellas tuvieron su origen "en la falta de inversión y la mala gestión de FGV, especialmente en materia de seguridad en la circulación", que se hizo descansar "en el factor humano". 

En concreto, se cita la incompleta instalación del sistema de frenado FAP, por la falta de instalación y reprogramación de balizas el punto del accidente; la obsolescencia de los trenes que cubrían la Línea 1; el desgaste y escasez de material rodante, y el deficitario mantenimiento de la vía en ese punto. 

Destacan que esa falta de financiación en este transporte público "contrasta con las grandes inversiones que ese mismo año anunciaba el Gobierno valenciano" en cuestiones como la Copa del América, el Aeropuerto de Castellón o Mundo Ilusión, entre otros asuntos. La primera conclusión es que el accidente "era previsible y evitable" pues el túnel de la línea 1 "no era seguro", justo lo contrario de lo que concluyó la anterior comisión de investigación, que, según añaden, estuvo controlada por el PP y FGV para impedir que se impusiera cualquier versión distinta a la oficial. Entre las conclusiones se señala también la falta de interés del Consell y de FGV por esclarecer las causas del accidente y "el menosprecio" al que los gobiernos del PP han sometido a la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVMJ) en estos diez años. 

El documento también recoge una serie de recomendaciones, como elaborar una ley de seguridad sobre el transporte ferroviario, crear un organismo independiente que vele por la seguridad en el transporte, y revisar y mejorar los protocolos de actuación en grandes accidentes y mecanismos de coordinación, entre otras. El PP ha considerado "una barbaridad" pedir responsabilidades políticas del accidente diez años después del siniestro, y ha anunciado que presentará un voto particular a las conclusiones elaboradas. 

El diputado popular Alfredo Castelló, portavoz de este grupo en la comisión de investigación, ha acusado al resto de partidos de ejercer de "tribunal de excepción" y ha considerado que el único sentido de la comisión es manifestar las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal, y como reparación moral a las víctimas. La Asociación de Víctimas, por su parte, se ha mostrado contenta con las conclusiones, pero sobre todo con el trabajo "serio" y "exhaustivo" realizado por la comisión en estos meses, y ha valorado que se planteen recomendaciones para que "no vuelva a suceder" un accidente de esta magnitud. 

El dictamen presentado hoy se debatirá en la comisión del próximo 5 de julio y se prevé que pueda aprobarse definitivamente en el último pleno ordinario de Les Corts Valencianes, previsto para los días 13 y 14 de julio.