Los miembros de la UE tienen capacidad para dar protección y asilo a todos los refugiados que llegan al continente, pero sus gobiernos se niegan a aceptarlos porque creen que no resulta favorable para sus intereses internos, asegura el investigador Sergio Carrera, del Centro de Estudios de Política Europea en Bruselas (CEPS). 

Carrera afirma que "no es verdad que se esté produciendo una avalancha de refugiados; si se examinan las estadísticas, se puede apreciar que el número no es tan desproporcionado. Esto es una crisis política, no migratoria". 

Carrera, quien ha participado esta semana en una conferencia sobre políticas europeas de extranjería y asilo en Bilbao, ha criticado el papel de las instituciones europeas en el contexto de esta crisis, ya que, según ha dicho, deberían haber impulsado un "debate objetivo, racional y calmado en base a datos" sobre la llegada de los refugiados. También deberían verificar que los Estados miembros "cumplen con sus obligaciones" derivadas de la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. 

"Los gobiernos juegan con agendas nacionalistas y populistas, cuando los derechos humanos no son negociables y la pelota no se puede pasar a terceros países vecinos, como a Turquía", ha dicho, y ha recordado que para ser un estado miembro de la UE "es obligatorio" respetar los derechos humanos. 

Ha denunciado la "incapacidad política" de esos gobiernos para proporcionar protección a personas que escapan de una guerra y también el hecho de que "todos miran a sus propias casas y a la repercusión interna que puede tener el impulsar una política abierta a la inmigración y al asilo". 

"Es una cuestión de ética política, porque estas personas no vienen porque quieren, sino porque escapan de una situación insostenible", ha puntualizado. 

En este escenario, ha opinado que iniciativas como la que se ha propuesto en Dinamarca, que permite requisar los objetos de valor de los refugiados para costear su estancia, resultan, además de contrarias a lo que marca el Consejo de Europa, "un buen ejemplo de lo que no se tiene que hacer". 

"Solo sirven para enviar mensajes al público más xenófobo, sin tener en cuenta la situación extremadamente vulnerable en la que llegan los refugiados, si es que llegan", ha precisado, y ha cuestionado qué carga financiera y económica pueden suponer para un país como Dinamarca, cuya economía "está fenomenal". 

"Es cierto que en algunos Estados miembros existen partidos políticos xenófobos, pero el problema no son solo esas formaciones, sino que los gobiernos dan cabida a temas muy ligados a esos partidos en lo referente a los refugiados y emigrantes", ha considerado. 

También se ha referido al debate de la integración de los emigrantes y, tras mantener que la UE plantea a estos colectivos que "o se integran en los valores europeos o se marchan", se ha preguntado cuáles son realmente esos valores. 

En alusión concreta a los incidentes ocurridos la pasada Nochevieja en Colonia (Alemania), donde grupos organizados de hombres agredieron sexualmente a cientos de mujeres, Carrera ha afirmado que "cogería con pinzas" el relato que apunta a que los atacantes eran de origen magrebí. 

"Habría que ver primero qué pasó exactamente porque entre esos hombres también había europeos, pero lo que nos llega es un mensaje con una idea. En estas cuestiones, el papel de la UE tiene un valor añadido para dar un paso atrás, reflexionar y analizar antes de lanzarse a conclusiones, que pueden ser erróneas". 

El CEPS, fundado en Bruselas en 1983, es un centro de estudios y foro de debate sobre asuntos de la Unión Europea financiado por diversas entidades públicas y privadas, entre ellas la propia UE, así como por proyectos de investigación y venta de publicaciones.