La absolución de Amanda Knox y Raffaele Sollecito por el caso del asesinato de la británica Meredith Kercher ha vuelto a poner en evidencia el estado de la Justicia en Italia, donde el Gobierno de Matteo Renzi pena por su reforma.

El Tribunal Supremo dio el viernes con su fallo en este caso tremendamente mediático y tras once horas de deliberación una nueva sorpresa de esas a las que el sistema judicial tiene acostumbrado a este país, un giro inesperado.

Pero no inusual, puesto que es muy reciente otro vuelco del Supremo: el pasado 10 de marzo el alto tribunal confirmó la absolución del ex primer ministro Silvio Berlusconi por presunto abuso de poder e incitación a la prostitución de menores en el "caso Ruby".

La reforma de la Justicia es una de las numerosas medidas anunciadas por el primer ministro italiano, Matteo Renzi, quien ha calificado el sistema judicial vigente de "no muy civilizado", pero que como la mayoría de las iniciativas gubernamentales aún no ha visto la luz. Renzi pretende descongestionar la Justicia y conseguir que en 2017 se reduzcan a la mitad los 5,2 millones de casos civiles pendientes y que los juicios pasen de durar una media de más de tres años a cerca de uno. La OCDE estimó recientemente que en Italia un proceso civil dura como media en total casi ocho años, frente a los menos de 2,7 en Francia o los poco más de dos en España.

La creación de tribunales especializados en delitos empresariales y el recorte de las vacaciones de los tribunales en verano son otras de las medidas consideradas por el Gobierno del Partido Demócrata (PD) de Renzi para agilizar un anquilosado sistema de justicia. Un informe del FMI pidió además hace unos meses que Italia apruebe nuevas y actualizadas definiciones de lo que es fraude y que incremente las penas por blanqueo.