El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, aprobado ayer por el Gobierno, destinará durante ese periodo unos 93 millones al día a la atención de los colectivos más vulnerables y a combatir la pobreza, especialmente la infantil.

El plan, con una estimación presupuestaria de 136.600 millones de euros, consta de 240 medidas e integra todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España, según concretó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El plan está vertebrado en tres ejes: impulsar la inclusión a través del empleo, garantizar un sistema de prestaciones económicas y otro de servicios públicos básicos.

Según explicó la ministra del ramo, Ana Mato, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Plan fue consensuado con los distintos ministerios, CCAA, ayuntamientos y el Tercer Sector. Incluye un apartado específico dirigido a la atención de personas con discapacidad, mayores, dependientes, víctimas de violencia machista, población gitana, víctimas de discriminación, reclusos y personas sin hogar.

Mato destacó que el plan incorpora, por primera vez, un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil, reforzando la atención a los hogares con hijos en situación de privación material severa a través de los servicios sociales. "Los menores deben ser objeto de especial protección, no podemos permitir que se vean afectados por los problemas económicos de sus familias", dijo.

Para este fin, el Plan contempla un fondo extraordinario de 17 millones de euros, pero además se ha puesto en marcha, junto con las entidades sociales, un plan de urgencia social dotado para 2013 con 20 millones de euros para atender la situaciones "de extrema necesidad de las familias".

También gestiona para afrontar estas situaciones el Fondo Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos, que facilita alimentos a las familias que más lo necesitan y cuenta con 40 millones de euros para el primer semestre de 2014.

Como ya explicó el ministerio, en las subvenciones a las ONG con cargo al IRPF se incluyen numerosos proyectos orientados a la protección de los menores. El Ejecutivo reforzará el Fondo de Garantía de Pago de Alimentos a niños de familias vulnerables.

El plan pretende dar respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de exclusión social, según destacó Mato.

Para impulsar la inclusión a través del empleo, apuesta por la colaboración entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales y refuerza la estrategia de emprendimiento y empleo joven, así como los programas de reciclaje para mayores de 45 años.

En cuanto al compromiso con los servicios básicos, resalta en el ámbito de la educación la creación de planes de atención a la diversidad en centros educativos y la progresiva incorporación de la FP Dual, así como una valoración del riesgo de exclusión social en la admisión en las escuelas de educación infantil.

Mantiene la gratuidad de los medicamentos para los parados de larga duración y otros colectivos con bajos ingresos, contempla el apoyo a las familias con dificultades en el pago de la hipoteca y consolida el fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito.