La Empresa de Suelo Isleña (Esisa) quiere dotarse de nuevas herramientas para hacer frente a la realidad de vivienda pública y al nuevo panorama que en los últimos años ha dibujado la crisis, el hundimiento del sector inmobiliario y la desaparición de las ayudas procedentes de los planes estatales y autonómicos de vivienda.

Para ello, ahora que por primera vez existe en el Ayuntamiento isleño una concejalía específica de Vivienda y Rehabilitación, desde el consejo de administración de Esisa se ha planteado la creación de una Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda con la idea de dotarla de una comisión de seguimiento en la que estén incluidos responsables de la empresa pública y del área de Servicios Sociales así como representantes de los diferentes grupos políticos e, incluso, de algunos colectivos sociales.

Con la creación de este nuevo órgano se pretende en gran medida dar cobertura a ese trabajo que desde Esisa y el Ayuntamiento se está llevando a cabo a la hora de atender los problemas a los que a diario tiene que hacer frente. "Su función será coordinar la estrategia municipal de actuación que se seguirá en esta materia, establecer esos criterios", explica la concejala de Vivienda, la andalucista Maite Lebrero. A esta propuesta se le está dando forma ahora con el objeto de que en el próximo mes vaya a pleno para afrontar ya su aprobación y pueda ponerse en marcha posteriormente.

Entre los cometidos de esta Oficina de la Vivienda estará evitar los desahucios siempre que sea posible. Para ello, se prevé reforzar ese trabajo de asesoramiento jurídico, atención social y orientación que tanto desde Esisa como desde Servicios Sociales se está llevando a cabo con aquellos inquilinos que quedan en situación de vulnerabilidad y que, a menudo, se ven incapaces de hacer frente con puntualidad al pago del alquiler.

Pero también se pretende acabar con otra situación de morosidad muy distinta, la de los que se aprovechan de este sistema de protección municipal, los que pudiendo hacer frente con regularidad a estos alquileres sociales y disponiendo de recursos evitan abonar estas rentas y acumulan voluminosas deudas. Una situación -se admite- que también se da y que afecta de lleno a la liquidez de la empresa municipal en un momento especialmente complicado dada la situación de parálisis que todavía vive la construcción de vivienda pública.

Esisa gestiona en la actualidad hasta 317 viviendas protegidas así como todas sus comunidades de vecinos. Y hay un dato revelador: un 31,7 por ciento de sus inquilinos mantienen algún nivel de impago. lo que se traduce en una sustanciosa cantidad que la empresa pública tiene pendiente de cobro y en trámite de reclamación.

Se trata, explica la concejala de Vivienda, de solventar en la medida de lo posible este problema sin olvidar en ningún momento la función social de Esisa. Hay -defiende Lebrero- flexibilidad y comprensión cuando se produce una situación de impago. "Se les orienta, se habla con Servicios Sociales, se gestionan ayudas... Y hasta se aplazan, fraccionan y renegocian los pagos". Solo los casos límite llegan a la interposición de una demanda judicial, que siempre se evita si se trata de un inquilino en una situación real de vulnerabilidad. Además, si posteriormente se ha dado una propuesta de pago se ha parado el desahucio.

Hay de todo, explica Lebrero. Desde retrasos puntuales en los pagos derivados de una situación de precariedad hasta casos sociales que requieren de la implicación de Servicios Sociales. "Y ese trabajo de atención y orientación se está haciendo desde Esisa", advierte.

El problema radica precisamente en los que optan por no pagar el alquiler aún disponiendo de recursos y eludiendo cualquier tipo de compromiso al respecto. En Esisa, por ejemplo, se han encontrado con beneficiarios de estos alquileres sociales que no pagaban sus rentas y que luego se demostró que ni siquiera vivían en el piso. O con inquilinos que jamás, con independencia de que su situación económica haya podido variar a lo largo del tiempo, han abonado una mensualidad. A menudo además se conoce que disponen de ciertos ingresos pero ni siquiera han mostrado su voluntad de hacer frente a su deuda o de renegociar los pagos. En algunos casos extremos, la deuda acumulada supera incluso los 5.000 euros cuando el alquiler ronda los cien euros mensuales, lo que supone varios años arrastrando esta situación de impago.

"Nos referimos a los que hacen un mal uso del sistema, no a los que están en una situación de vulnerabilidad. Porque todo eso además impide que otra persona que lo necesita y que está en lista de espera pueda acceder a una de estas viviendas. Y a esa otra gente también se le atiende desde Esisa cuando acude buscando una vivienda y hay que decirle que no hay ninguna disponible", explica la concejala de Vivienda.

A todas estas situaciones se intenta poner remedio con la Oficina de Defensa de la Vivienda y su comisión de seguimiento, que -según Lebrero- se reunirá de forma periódica para hacer el seguimiento de los casos más señalados y urgentes. Su objeto será analizar cada caso en particular, obtener un perfil de la familia afectada y analizar las situaciones de impago para promover medidas de apoyo y colaboración entre todos los agentes implicados. También para comprobar cuándo se trata de alguien que elude el pago disponiendo de recursos. Lo que se intenta es evaluar los casos entre todos -en la comisión estarán presentes todos los grupos polícios, además de Esisa y Servicios Sociales- y con toda la información disponible. La comisión elaborará en cada caso un informe no vinculante que posteriormente elevará al consejo de administración de Esisa para tomar una decisión.