Las últimas medidas adoptadas por la juez que se ha hecho cargo de la instrucción del polémico robo de la caja -entre las que se incluye la controvertida imputación de la tesorera y del interventor del Ayuntamiento, que ha sido recurrida por el fiscal- intentan dar un impulso decisivo a una causa que lleva años estancada a pesar de la relevancia y del impacto político y social que ha tenido en La Isla el desfalco conocido en 2009.

Más de seis años lleva el caso en fase de instrucción sin que todavía, por ejemplo, se haya conseguido tomar declaración a los integrantes del clan familiar de origen marroquí imputados en 2013 que desde el primer momento se relacionan con el principal sospechoso, Clemente Ruiz, y con el presunto blanqueo de dinero fuera de España. A pesar de la complejidad que reviste la causa, la lentitud del proceso judicial ha sido más que evidente e inexplicable para muchos. E inevitablemente ha contribuido a mantener abierta la herida del robo millonario de la caja en la ciudad durante todo este tiempo. Hasta tres mandatos diferentes -y hasta tres siglas distintas en la Alcaldía- se han tenido que enfrentar a este sangrante tema. Paradójicamente, ahora le ha tocado al PSOE, que es la formación que más contundente se ha mostrado desde el primer momento a la hora de exigir que se depuren responsabilidades.

Las medidas contempladas en el último auto judicial, dictado el pasado día 20, ponen de manifiesto la intención de cerrar la instrucción en un breve plazo para fijar por fin la fecha del juicio. Algunas fuentes consultadas por este periódico sostienen que este paso decisivo podría darse en septiembre, una vez que se tome declaración a los últimos imputados por el desfalco. De ahí que se pretenda también separar de la causa principal la investigación de la llamada trama marroquí y del supuesto blanqueo del dinero sustraído de las arcas municipales, que está completamente paralizada. Esta medida -recurrida también por la Fiscalía, que considera que habría que esperar al menos a que primero se tomara declaración a todos los integrantes del clan marroquí que han sido imputados puesto que lo contrario podría afectar a la marcha del proceso- permitiría zanjar de una vez la instrucción relativa a la malversación de caudales detectada en el Ayuntamiento isleño, que prácticamente está terminada. Así, el auto judicial ordena también la incoación de una pieza separada para la investigación y enjuiciamiento del presunto delito de blanqueo de capitales que se relaciona con la trama marroquí.

Por otro lado, la imputación de la tesorera y del interventor del Ayuntamiento por el robo fue acogida ayer con suma prudencia por la clase política isleña. Apenas hubo reacciones a la noticia a pesar de su envergadura. Y las que se dieron fue a raíz de las preguntas realizadas por la prensa aprovechando las comparencias públicas. El ex alcalde y actual presidente del PP isleño, José Loaiza, advirtió que desconocía el contenido del auto judicial y se mostró sumamente prudente al referirse a este tema aunque manifestó su "absoluto respeto" a las decisiones judiciales. Eso sí, no ocultó su sorpresa ante el hecho de que esta imputación se diera tras seis años de instrucción de la causa y sin que se conocieran nuevos hechos relativos al desfalco.

Casi en idénticos términos se manifestó también ayer el coordinador de Izquierda Unida, Gonzalo Alías, que insistió en que la adopción de posibles medidas disciplinarias contra los funcionarios imputados correspondía exclusivamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y no al Ayuntamiento. Lo ocurrido, dijo, sirve "para no perder de vista el desfalco", una cuestión -advirtió- que sigue siendo una asignatura pendiente para La Isla.