La recién constituida asociación de ex voluntarios de Protección Civil recurrirá al Defensor del Pueblo Andaluz en busca de ayuda para los socorristas que se han visto afectados por el supuesto fraude cometido por la empresa que impartía los cursos de patrón de embarcación para el manejo de lanchas neumáticas que durante varios años se promovieron desde el Ayuntamiento.

De momento, explicó ayer el presidente de la entidad, Manuel Santiago Reyes, se calcula que el supuesto fraude que investiga la Guardia Civil afecta de lleno a una veintena de voluntarios del servicio isleño, que han sido citados como imputados en relación a un presunto delito de falsedad documental en relación con estas titulaciones.

La cifra, no obstante, podría ser mucho mayor y alcanzar en torno a los 60 miembros de Protección Civil, todos ellos voluntarios que habrían prestado sus servicios en el Ayuntamiento y que recibieron dicho curso para ejercer las funciones de socorrista en la playa de Camposoto.

"Lo que la Guardia Civil está investigando es la supuesta compra fraudulenta de estos títulos por parte de la citada empresa que contrataba el Ayuntamiento", explican desde la asociación de ex voluntarios. La relación de nombres de los afectados ha aparecido entre la documentación incautada a la sociedad en el transcurso de la investigación pero sin que se especifique en ningún momento la relación que tenían con el Ayuntamiento de San Fernando: ni que se trataba de voluntarios de Protección Civil ni que era un curso promovido desde el Consistorio, que además se llevaba a cabo cada año en las propias depedencias municipales del servicio, localizadas junto a la Jefatura de la Policía Local.

De ahí, prosiguen, que a los voluntarios afectados se les esté citando a título particular y no se les haya relacionado con el Ayuntamiento. "Nosotros creemos que el Consistorio ha podido ser víctima de este supuesto fraude, que afecta además de lleno a varios de los voluntarios", explica Santiago Reyes. Por ello, haciéndose eco de la preocupación y alarma que han causado estas imputaciones entre el personal de Protección Civil, ha reclamado al Gobierno municipal que tome cartas en el asunto, como hizo también ya hace una semana Izquierda Unida (IU). Piden que el Ayuntamiento se persone en la causa y que se asesore jurídicamente a los voluntarios que se han visto envueltos en este proceso simplemente por haber participado en unos cursos de Protección Civil para ejercer de socorristas en la playa.

Hace unos días, explica el colectivo, se reunieron con el responsable municipal de Protección Civil, el concejal Daniel Nieto Vázquez, con quien anteriormente ya se había tratado el problema. Nieto aseguró a este periódico que se ha encargado a los servicios jurídicos que elabore un informe para estudiar la posibilidad de darle cobertura legal a los afectados e, incluso, de personarse en el caso cuando llegue el momento. "Me parece una tremenda injusticia lo que les está pasando", advirtió.

La asociación, por su parte, ha decidido dar un paso más y recurrir a la figura del Defensor del Pueblo Andaluz. Quieren que se haga eco de la situación de la veintena de afectados de la que, por ahora, han tenido conocimiento. "No sabemos si son más porque ni siquiera sabemos cuántos años se estuvo contratando a esta empresa desde el Ayuntamiento", explica el colectivo. Insiste la asociación que estas personas se están viendo afectadas por participar en unos cursos de formación promovidos desde el Consistorio para desempeñar a posteriori las funciones de socorristas en la playa.