El colegio Virgen del Carmen, que lucha para evitar su cierre, se ha llegado a poner en varias ocasiones y por colectivos y partidos políticos de muy diferente signo como modelo de la enseñanza pública y de calidad. En 2013, el Vicente Tofiño fue el centro más demandado por los padres en la campaña de escolarización. Las solicitudes llegaron incluso a duplicar las plazas ofertadas situándose incluso por encima de los centros concertados, que habitualmente son los preferidos a la hora de matricular a los niños. Lo mismo le ocurrió al Solís. Y el año pasado -en el que cada uno de estos centros incorporó una línea más de Infantil procedente del Virgen del Carmen- consiguieron que se repitiera el número de solicitudes y volvieron a convertirse en la primera opción para muchas familias. Sus plazas se cubrieron a la primera a pesar del descenso de la natalidad registrado en la localidad, que hizo que en muchos centros públicos quedarán numerosas vacantes.

Es algo en lo que las AMPAS de los antiguos colegios de Defensa, transferidos a la Junta de Andalucía en 2007, hacen especial hincapié: se trata -advierten- de centros muy demandados por los padres, cuyo modelo de enseñanza es aplaudido por todos, de cuya calidad se habla y con comunidades educativas que trabajan muy bien. De ahí, sostienen, que sean tan solicitados.

Solo tienen un problema -subrayan- y éste es de índole político-administrativa: su mantenimiento, que sigue en el aire ocho años después de que Defensa transfiriera los colegios a la Consejería de Educación. La Junta de Andalucía asegura que es competencia exclusiva del Ayuntamiento y éste lo niega y recuerda que ni los centros son de su titularidad ni tomó parte alguna en el convenio que se suscribió en 2007.

La historia es sobradamente conocida, pero para las AMPAS de estos cinco centros -a los anteriormente mencionados se suma el Cecilio Pujazón y el IES Wenceslao Benítez- la situación ha llegado al límite después de que hace un par de semanas recibieran el aviso de interrupción del suministro de agua por impago de los recibos. La deuda asciende en conjunto a 150.000 euros.

Hoy, una comisión integrada por representantes de estas AMPAS tiene previsto reunirse con el alcalde, José Loaiza, y con la portavoz y candidata del PSOE isleño, Patricia Cavada, para intentar encontrar una solución al problema. El Ayuntamiento, no obstante, ha garantizado que no habrá cortes de agua durante el curso escolar, aunque espera que la Junta se haga cargo de los recibos porque entienden que son de su competencia.

A los padres de los alumnos se les remitió la semana pasada una circular informativa en la que se les ponía al tanto de todo lo que ocurría en los antiguos colegios de Marina. "Luchamos para que alguien (alguna de las Administraciones implicadas) se haga cargo de nuestro mantimiento igual que con el resto de centros de San Fernando ya que nuestros hijos tienen el mismo derecho que los demás", advierten.

La portavoz de los socialistas, Patricia Cavada, se anticipó ayer a la reunión con los padres de los colegios afectados al asegurar que el problema podría tener los días contados pues si ganan las elecciones y consiguen gobernar en La Isla asumirán sin reparos desde el Ayuntamiento el mantenimiento de estos colegios y el pago de los recibos de luz y agua que se adeudan.

No habrá medias tintas, afirman desde el PSOE. "Es un compromiso firme para acabar con una situación que el Ayuntamiento lleva prolongando desde 2007 a contracorriente de todas las demás ciudades donde se traspasaron los centros de Defensa", declaró su candidata. "En mi condición de alcaldesa asumiré sin dudarlo las obligaciones a las que debe hacer frente la Administración local mientras la ley nos obligue a ello, que es lo que el alcalde Loaiza debería haber hecho desde el primer momento evitando la preocupación constante de los padres y madres de alrededor de millar y medio de alumnos que forman parte de la comunidad escolar de los centros afectados".

Es más, el PSOE se compromete incluso a solventar los arreglos que estos colegios tiene pendientes gestionando adecuadamente las actuaciones con el Ministerio de Defensa ya que tres centros se asientan sobre suelo militar. Cavada, concretamente, se refiere al plan para la adecuación de nuevas redes de saneamiento e impulsión en el Tofiño, Solís y Wenceslao, una obra presupuestada en más de 400.000 euros que se ha incluido en el Plan Ola de la Junta y que está ahora en redacción.