La pronta publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la salida a licitación del contrato para el arrendamiento de unas nuevas dependencias para los Juzgados de San Fernando permitirá iniciar un proceso que podría estar resuelto a principios del próximo año. Su remisión al BOJA sólo aguarda la firma del responsable de la Delegación de Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Fernando López Gil, después de que esta nueva licitación haya pasado los filtros necesarios de la Administración, entre ellos la Intervención. Ayer mismo, el Partido Popular (PP) criticó el retraso que acumula la licitación del alquiler al considerar que podría ser una maniobra "intencionada" del Gobierno andaluz motivada por "intereses ocultos". Las palabras del parlamentario y presidente provincial de los populares, Antonio Sanz, se habían producido en el transcurso de una pregunta oral en la Comisión de Justicia en la que lamentó la falta de solución y "la nula agilidad" por parte del consejero de Justicia, Emilio de Llera.

En una nota emitida ayer por la Consejería de Justicia e Interior se daba por hecha, sin embargo, esta licitación, puesto que su publicación en el boletín para hacerla oficial se prevé "de forma inminente". Según informan desde el Gobierno andaluz, el nuevo procedimiento abrirá con una cuantía mayor que el anterior. Ahora se contempla el alquiler para un periodo de cuatro años con un coste total de casi 620.000 euros, concretamente 154.956 euros anuales. Esto supone que el precio máximo de arrendamiento del metro cuadrado se fija en 5,56 euros, además de sumarle el coste de la adaptación (de 0,56), frente a los 3,92 de la primera licitación.

Precisamente, la diferencia entre el presupuesto base y la oferta presentada en julio fue la causante de que la propuesta no se escogiera en el momento, algo que para Antonio Sanz era evidente que iba a suceder. "Ustedes sabían que ese concurso se quedaría desierto", se quejó ante De Llera en el Parlamento andaluz. A su juicio, las condiciones de alquiler no podían interesar a nadie puesto que el metro cuadrado se pagaba a un precio bajo, "la mitad de lo que la Junta paga por el alquiler en La Línea", puso de ejemplo para argumentar sus reclamaciones.

Las críticas del dirigente popular se dirigen, además, a la falta de actuación de la Junta para solucionar las deficiencias de los Juzgados isleños a pesar que esta situación viene prolongándose desde hace años. La respuesta, cuestionó, "la tienen en su mano desde el año 2008, cuando firmaron con el Ayuntamiento la cesión de una parcela para la construcción del Palacio de Justicia". Anuncios, licitaciones y vaivenes de fechas, prosiguió, se produjeron después, para quedar paralizada "con la excusa de la falta de disponibilidad presupuestaria". Efectivamente, desde la Junta se ha insistido estos últimos años en que la situación económica aconsejaba un traslado de sede y no una construcción nueva. Aún así, la nota remitida ayer por la Administración regional recogía las declaraciones de De Llera en las que aseguraba que no se renuncia a la construcción de una sede judicial definitiva, que cuenta con un proyecto de ejecución finalizado y supervisado.