Nada impide por el momento completar el desarrollo del plan parcial de La Casería con las cuatro torres de 16 plantas que contempla su ordenamiento y que todavía no se han construido. El dictamen del consejo consultivo ha despejado las dudas acerca de su legalidad, según el Gobierno municipal. Pero hacerlo -levantar las cuatro torres que todavía faltan junto a la playa- no es tan fácil.

Primero, evidentemente, por la coyuntura económica actual que afecta de lleno al sector inmobiliario. Y luego, también, por el amplio rechazo político que las torres, ocho años después de que estallara la gran polémica, siguen despertando. El PSOE lo advirtió ayer en el transcurso del debate político que acompañó al pleno ordinario. La Junta de Andalucía no lo permitirá. "Sabe muy bien que en cuanto se mueva un papel para tramitar una nueva licencia de obra la Junta va a intervenir para impedir que se construyan nuevas torres de pisos junto a esta franja del litoral", espetó al Gobierno municipal la portavoz del grupo socialista, Patricia Cavada, que quiso dejar claro que el consultivo "no se pronuncia sobre la legalidad de las torres" sino sobre las licencias concedidas por el Ayuntamiento en su momento.

Cualquier movimiento del Gobierno municipal en este sentido encontrará el rechazo de la Administración autonómica y podría incluso derivar -así lo dijo- en el reconocimiento expreso de la ilegalidad de este desarrollo urbanístico a pesar de que el dictamen del consultivo haya sido favorable para el Ayuntamiento. "Con la normativa actual, hubiese sido imposible que se construyeran esas torres", apuntó al recriminar al anterior Gobierno municipal que hubiese tirado adelante con informes desfavorables porque en aquellos momentos no eran vinculantes. "Estamos en contra de más torres de pisos. No las queremos ni en La Casería, ni en FSC, ni en los polvorines ni tampoco en Janer, donde el Ayuntamiento quería poner ahora también una de 22 plantas", insistió la portavoz del principal grupo de la oposición.

El debate de las torres de La Casería, que salió a relucir al aprobarse definitivamente la desestimación de la solicitud y nulidad de las licencias dadas en el sector I-Casería Norte tras la recepción del dictamen del consejo consultivo, fue uno de los puntos más interesantes en una sesión que estuvo marcada por la tensión, no tanto del debate político -que también- sino de las protestas y reivindicaciones ciudadanas: las de la plantilla municipal en contra de la privatización de servicios y algunas más espontáneas que exigieron a voces participación en los plenos y obligaron incluso a parar la sesión unos minutos.

En el mismo sentido que el PSOE se pronunció sobre las torres de La Casería el portavoz de Ciudados por La Isla, Javier Cano, que advirtió de que el dictamen del consultivo no entra en el fondo de la cuestión, esto es, en determinar si el desarrollo urbanístico es legal o no, sino que se ciñe al planteamiento en el que se basaron los contenciosos y las posteriores sentencias: la revisión de oficio de las licencias que solicitó la Junta en 2006 y que "en un gesto de altanería" -así lo dijo- no se atendieron desde el Ayuntamiento.

IU coincidió también en el rechazo a la construcción de nuevas torres en un entorno que considera un enclave natural privilegiado que tendría que aprovecharse de otro modo. Pero dio un paso más al plantear al Gobierno municipal la modificación del plan especial aprobado en 2003 para desarrollar toda esta zona, documento en el que se contempla la construcción de los siete bloques de 16 plantas.

Lo cierto es que ni PP ni PA -formaciones que integran el Gobierno municipal- se han pronunciado con respecto a la posibilidad de continuar este desarrollo urbanístico, por otro lado sumamente complicado en estos tiempos. Sí lo hicieron ayer al defender la gestión del Ayuntamiento en este tema frente a la estrategia política desarrollada por el PSOE a través de la Junta de Andalucía y subrayaron también la "seguridad jurídica" que se había alcanzado para los propietarios de las viviendas tras conseguir un dictamen del consultivo favorable al Ayuntamiento.