Aunque la polémica de las torres ocurrió hace ocho años, hace ya dos mandatos, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía ha sido aplaudido por el Gobierno municipal actual en tanto que refrenda la correcta actuación que el Ayuntamiento y los técnicos municipales llevaron a cabo en todo momento. El alcalde, José Loaiza, ha acusado al PSOE de promover en vísperas de unas elecciones municipales una polémica artificial con el único interés de poner en entredicho la gestión del Ayuntamiento, de igual manera que intenta hacer ahora con otros temas.

Por su parte, el PA, que promovió ese desarrollo desde el Gobierno local hace ahora una década, ha sacado pecho para defender lo suyo y subrayar que "las torres son legales y siempre lo han sido".

Puede que las torres, reconoce la formación nacionalista, no gusten a mucha gente, que muchos ciudadanos estén en contra de ella por el impacto que acarrean. Pero son legales.

De hecho, el modelo de las torres -que también se pensó extrapolar a los suelos de la desaparecida Fábrica de San Carlos (FSC) y de los polvorines de Fadricas- se basa en una tesis defendida por grandes urbanistas y expertos en la materia, un argumento que el equipo redactor del nuevo PGOU, dirigido por el arquitecto Manuel Ángel González Fustegueras, asumía entre los principios que plasmó en el documento: las construcciones en altura son más sostenibles al hipotecar menos suelo y dejar más espacios abiertos.

Así, se pensó en este diseño para todo el ámbito comprendido entre la zona de Caño Herrera y los terrenos de FSC, planes que luego se han modificado ante la escasa aceptación que la propuesta ha encontrado en la ciudadanía y a raíz de los cambios políticos en el Ayuntamiento. Aún así, en FSC se incluyen dos torres singulares. E incluso en Janer, más recientemente, el Ayuntamiento apostaba por una gran torre mirador, aunque también ha tenido que dar marcha atrás.