Las obras del tranvía cumplen este mes seis años, con la actuación más gruesa terminada pero con detalles esenciales sin acabar: ya sean los problemas de las losas en la calle Real, ya sea la necesidad de contar con una subestación eléctrica nueva para dar suministro a este nuevo transporte. Los pasos administrativos para que ambas cuestiones se realicen continúan, sin embargo le ha salido una oposición férrea, la de la plataforma Sentencia Tranvía que insiste en que las administraciones no pueden licitar ningún tipo de actuación dentro de un proyecto declarado ilegal por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una resolución firme que quieren que se cumpla y por la que están dispuestas a llegar a todas las instancias necesarias. El viernes mantendrán por ello una reunión con el alcalde, José Loaiza; ya le han hecho llegar sus demandas a varios ministerios e incluso se plantean acudir a la Unión Europea (UE).

Un septiembre como éste de 2008 en algunos puntos de Real comenzaban a verse las vallas de obra, la maquinaria, los materiales y los operarios del tranvía. Actualmente, aunque el trasiego que hubo entonces no existe, la intervención en la vía no ha terminado y se aguarda una nueva actuación para el arreglo de la solería, muy deteriorada en determinadas zonas por el paso de los vehículos. La intención es que tras acabar el verano se adjudicaran los trabajos dentro del proyecto de un carril bici. La plataforma Sentencia Tranvía considera, sin embargo, que estos trabajos no deben realizarse toda vez que la obra del tranvía está declarada ilegal por la Justicia. "La Administración no tiene capacidad jurídica para licitar una actuación sobre una obra ilegal", advierte Juan José Fornell, uno de los ciudadanos que forma parte del colectivo que lucha contra el tranvía. Por eso, dejan claro que acudirán al Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta si es necesario.

A las obras para arreglar la solería -y la anterior licitación para las marquesinas, puntualiza la plataforma- se suma la previsión de construir una nuevas subestación eléctrica en los suelos de Janer, que servirá entre otras cosas para aportar la energía que el tranvía necesitará para su funcionamiento. Tampoco está de acuerdo con esto Sentencia Tranvía, que intenta que Zona Franca cambie su postura de cesión de una parte de la superficie de este futuro espacio económico y comercial de la ciudad. Para ello realizan trámites ante la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.

"En Madrid se han asombrado por todo el proceso que ha rodeado al tranvía", apunta Fornell, que se ha dirigido al Ministerio del que es titular Ana Pastor, entre otros organismos del Estado. No entienden, argumenta su comentario, que se haya podido realizar una obra pública sin licencia, o sin un informe de impacto.

La cuestión económica también se pone en entredicho, puesto que no comparten que el Tribunal de Cuentas excluya la fiscalización de sus cuentas de la investigación que realiza de otros tranvías en el territorio nacional. Exigen por ello al regidor isleño que solicite la intervención de la Cámara de Cuentas (a la que sí puede interpelar el alcalde, matizan). Entre otras cosas, cuestionan que tres años después de que la obra fuera declarada ilegal siga recibiendo dinero para su financiación de Fondos Europeos (Feder).

La plataforma espera que la reunión del viernes con Loaiza sea un punto de inflexión en su posicionamiento, "hasta ahora se ha limitado a decir que las cuestiones que planteamos estaban en estudio por los servicios jurídicos". El colectivo presentó 13 medidas administrativas y políticas encaminadas a que se cumpla la sentencia que declara ilegal las obras del tranvía.