La que debería haber sido la gran obra del mandato -la rehabilitación integral del Ayuntamiento- sigue bloqueada y sin visos de salir a flote en el año que resta hasta las próximas elecciones municipales. Al Gobierno local del PP no le cabe ninguna duda de que la Junta de Andalucía está frenando intencionadamente la actuación con una muralla administrativa que impide cualquier avance en la tramitación del proyecto con el firme propósito de evitar que las obras se pongan en marcha. De ello responsabilizan directamente al ex candidato y portavoz socialista y actual delegado del Gobierno andaluz y secretario general del PSOE en la localidad, Fernando López Gil. Políticamente, entienden que desde su posición de poder en la Administración andaluza consigue frenar un proyecto estrella que sin duda beneficiaría a su rival, el alcalde José Loaiza, si prospera. La Junta, por su parte, achaca la situación en la que se encuentra la rehabilitación del Ayuntamiento a la nefasta gestión con la que el PP ha conducido el tema y, en resumidas cuentas, afirma que Loaiza no sabe todavía ni qué quiere hacer con el Palacio Consistorial ni mucho menos cómo piensa hacerlo.

Es el enésimo enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno local a cuenta del Ayuntamiento que a nadie pilla ya de sorpresa. Pero en medio de este terreno de juego que se caldea a pasos agigantados a medida que se aproximan las elecciones se encuentra el Palacio Consistorial, un inmueble histórico, una joya patrimonial que está cada vez más deteriorada, que llevan casi ocho años cerrado a cal y canto y que precisa incluso una actuación de emergencia para solucionar el alarmante estado de las cubiertas y las "patologías ruinógenas" de las que advierten los informes encargados por el equipo de gobierno.

Desde el PP se recuerda que para hacer las obras hay dinero. Incluso el Gobierno local ha asegurado que tendría capacidad de acometerlas en solitario si la Junta no aporta su parte. Se ha llegado a un acuerdo con el arquitecto que dirige al equipo redactor del proyecto para rebajar su coste a ocho millones de euros... ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los trámites no avanzan? Son preguntas que, para el equipo de gobierno, ponen en evidencia a la Junta de Andalucía.

Y la carta que el delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil, remitió al alcalde para pedirle que defina el procedimiento que va a seguir para abordar la obra del Consistorio y que trascendió hace una semana no ha hecho sino refrendar la convicción del equipo de gobierno de que la Junta quiere parar la rehabilitación del Ayuntamiento a toda costa.

Las declaraciones de López Gil que recoge la información publicada han desatado incluso un profundo malestar entre los técnicos municipales que se encargan de tramitar el proyecto al negar que se hubiera abierto una vía de comunicación por parte del Ayuntamiento cuando en la misma reunión que ambas administraciones mantuvieron el 6 de febrero se solicitó una reunión con el secretario general de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, al que López Gil designó como interlocutor. De hecho, este encuentro fue aplazado una semana aludiendo a la carga de trabajo que este intermediario tenía en esos momentos. A pesar de las llamadas telefónicas y de los correos electrónicos remitidos en las semanas siguientes desde el Ayuntamiento con la intención de propiciar una reunión no hubo un contacto personal. Así, desde el área de Desarrollo se le remitió el convenio marco que en su día se firmó para la rehabilitación del Consistorio y se puso a su disposición por si hacía falta aportar más documentación. Este intermediario -se recuerda- es el que se designó para orientar y asesorar al Ayuntamiento sobre la mejor forma en la que se podría llevar a cabo un procedimiento que, evidentemente, tenía que supervisar la propia Administración andaluza. Su función era marcar el cauce por el que podría reconducirse la situación del Ayuntamiento, cómo encajar el replantamiento de la actuación en el convenio una vez resuelto el problema de la financiación y llegado a un acuerdo con el equipo redactor.

La última comunicación que el Ayuntamiento recibió en este sentido de la Junta de Andalucía -aseguró ayer el Gobierno local- fue para comunicar que el informe jurídico sobre la viabilidad de las dos alternativas presentadas para la rehabilitación del Consistorio estaba sobre la mesa de López Gil desde el 9 de marzo, hace más de mes y medio.

"El Ayuntamiento sigue esperando que se nos remita ese crucial documento que, entendemos, está paralizado a la espera de que el delegado provincial de la Junta de Andalucía le dé su visto bueno. Esperamos por el bien de San Fernando, del edificio objeto de rehabilitación y de los numerosos puestos de trabajo que esas obras conllevarían que tenga a bien no retrasarlo más", señaló ayer el Gobierno municipal a través de un comunicado.