Ni al Colegio de Abogados ni al resto de profesionales que trabajan en los Juzgados isleños ha cogido por sorpresa el demoledor informe de la Inspección de Trabajo acerca de las precarias condiciones en las que a diario tienen que ejercer su oficio.

Tampoco al Ayuntamiento, ni a colectivos sindicales, ni a partidos políticos. Hace demasiado tiempo que se viene denunciando lo insostenible de la situación de la sede judicial isleña. Y las posibilidades reales para construir un nuevo Palacio de Justicia -que las hubo en varias ocasiones- se esfumaron o se dejaron escapar por una u otra razón hasta que llegó la crisis económica y cortó por lo sano con cualquier posible actuación en este sentido.

La Junta ha descartado -al menos por ahora- abordar la construcción de la nueva sede judicial en la parcela que el Ayuntamiento le cedió en la avenida Constitución. Una inversión millonaria de semejante calado resulta imposible en las actuales circunstancias económicas. Pero también es consciente de que la situación de los Juzgados isleños necesita una solución que no puede esperar por mucho tiempo más.

Por ello se plantea su reubicación en un edificio en alquiler desde finales de 2012. Es la alternativa más asequible. Varias son las tentativas que en este sentido se han llevado a cabo y hasta las posibles ubicaciones para los Juzgados han trascendido a los medios de comunicación. Pero el proceso también ha chocado con dificultades. Ahora, la Junta ultima la licitación para acometer este traslado que se quiere llevar a cabo en este mismo año, según ha afirmado el delegado del Gobierno andaluz, Fernando López Gil.

La primera vez que empezó a hablarse de la necesidad de construir unos nuevos Juzgados fue hace quince años. Aunque, oficialmente, la Junta no pidió suelo al Ayuntamiento para abordar la construcción de un nuevo edifico hasta 2001. En octubre de ese año el Consistorio informaba de que se habían puesto sobre la mesa dos posibles parcelas para la nueva sede judicial: una en la trasera de Torrealta y otra en La Magdalena. Y lo cierto es que la Junta de Andalucía no tardó mucho en contestar. En enero de 2002 se decantó por la parcela de La Magdalena, justo al lado de la Jefatura de la Policía Local. Incluso se dieron detalles del proyecto: sería un edificio de tres plantas y sótano, adecuado incluso para dar cabida al cuarto Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Y se dieron también los primeros plazos: las obras se iban a adjudicar a lo largo de 2004 y tendrían un plazo de ejecución de 18 meses, así que se esperaba que en 2006 La Isla pudiera estrenar su nuevo Palacio de Justicia.

Pero el proyecto no tardó en tocerse. Fue el primer revés en la historia de los nuevos Juzgados. En septiembre de 2004 se conoció un informe de la Junta de Andalucía en el que se advertía de que la actuación propuesta en La Magdalena era incompatible con el Plan General de Ordenación Urbana. Aquello derivó en un serio enfrentamiento entre la ya desaparecida Gerencia Municipal de Urbanismo -que negaba dicha incompatibilidad y aseguraba que el suelo se ajustaba al uso pretendido- y la Delegación Provincial de Justicia.

El resultado fueron dos años de parón en las gestiones para sacar adelante el proyecto. Al final, el Ayuntamiento dio marcha atrás y ofreció suelo en el otro extremo del término municipal, en la avenida Constitución. En octubre de 2006, la Junta aceptó esta parcela de 3.000 metros cuadrados situada junto a la nueva Comisaría de la Policía Nacional. Al cambiar de ubicación había que afrontar la redacción de un nuevo proyecto. Básicamente, había que empezar de nuevo desde cero.

En 2007 llegaron más noticias. Justicia tenía previsto dedicar 4,2 millones de euros a la construcción de los nuevos Juzgados a los que de nuevo puso fecha: el año 2012. El montante -se dijo entonces- estaba previsto que se repartiera en varias inversiones plurianuales. La primera de ellas, de 97.100 euros, estaba destinada a la redacción del proyecto y figuraba en los presupuestos autonómicos. Pero los pasos eran muy lentos. A pesar de todo, en enero de 2008 la Junta llegó a asegurar incluso que las obras iban a comenzar en ese mismo año.

Se hicieron estudios previos del terreno, pero hasta 2011 no se licitó la redacción del nuevo proyecto. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada más del tema. Todo entonces volvió de nuevo a quedar absolutamente parado ante la crisis, los recortes y la precaria situación económica de la Administración.

Tras las últimas elecciones autonómicas, en 2012, el nuevo delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Fernando López, conocedor del problema de los Juzgados isleños, intenta solucionar el problema y recurre a otra opción, la del traslado a un edificio en condiciones en alquiler, que es la que todavía intenta llevarse a cabo.

Las críticas ante la lamentable situación de las instalaciones de la plaza de San José se han multiplicado desde entonces hasta el punto de desencadenar protestas históricas del Colegio de Abogados a las puertas del Palacio de Justicia.

También el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha advertido de la necesidad de solventar el problema que presentan las dependencias de San Fernando. En su última memoria es incluso especialmente incisivo con el tema al incluir incluso la actuación en un catálogo 'de emergencia' cuya necesidad debe ser tenida en cuenta a pesar de la complicada situación económica actual de la administración.

Y más recientemente, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se sumó a las reivindicaciones del Colegio de Abogados de Cádiz para exigir una intervención urgente.

Por supuesto, la bronca política ha acompañado la situación de los Juzgados a lo largo de estos quince años. El Ayuntamiento -tanto antes, con el PA, como ahora, con el PP en la Alcaldía- ha exigido a la Junta una y otra vez que solucione el problema de los Juzgados de San Fernando. Esta semana, Loaiza afirmó que si el realojo que plantea ahora Justicia no es provisional emprenderá los trámites para solicitar la devolución de la segunda parcela municipal que se cedió hace ocho años.