El ex alcalde isleño Manuel María de Bernardo presentó ayer su dimisión como concejal del Ayuntamiento de San Fernando tras conocerse el contenido de la sentencia del Tribunal de Cuentas, que le considera uno de los responsables subsidiarios de la desaparición de 7,6 millones de euros de la caja de efectivo del área de Economía y Hacienda entre 2003 y 2009. 

El que fuera regidor isleño -al igual que el anterior alcalde, Antonio Moreno- tendrá que pagar  29.250 euros, según el fallo, por "el irregular cumplimiento de las obligaciones relativas a arqueos, la omisión de cautelas en la firma de los talones y su pasividad en el impulso de medidas adecuadas para la prevención, evitación o subsanación del alcance". 

El Tribunal de Cuentas habla de "una actuación negligente y ajena al rigor exigido en la gestión de los fondos públicos, lejana a la exhaustividad de los recursos que debe emplear un gestor para prever y evitar daños patrimoniales a las arcas públicas y constitutiva de un descuido jurídicamente relevante en la administración de los fondos a su cargo". 

De Bernardo tomó la decisión de dejar la Corporación Municipal en el mismo momento en el que conoció la resolución. Ya en la tarde del lunes había puesto su carta de dimisión sobre la mesa del secretario local y portavoz del grupo andalucista, Francisco J. Romero. También trasladó por teléfono su decisión al alcalde, José Loaiza. No obstante, no formalizó su renuncia hasta mantener a primera hora de la mañana de ayer una reunión con el actual líder andalucista isleño en la que tuvieron la ocasión de tratar su marcha cara a cara. Poco antes de mediodía, tras haber puesto su decisión en conocimiento de los secretarios provincial y regional del PA, el ex regidor registró en el Ayuntamiento su carta de dimisión, que inmediatamente remitió a los medios de comunicación. También se despidió por correo electrónico de toda la plantilla municipal, a los que explicó los motivos de su decisión. 

De Bernardo, que entre 2000 y 2006 fue también vicepresidente de la Diputación Provincial de Cádiz, abandonaba así definitivamente la Corporación Municipal y la vida política local tras 18 años y medio de ejercicio activo.  Lo hacía además visiblemente consternado y entristecido por el contenido de una sentencia que considera injusta, que rechaza abiertamente y contra la que -así lo anunció ayer- presentará un recurso de apelación. Asegura que la sentencia "no se ajusta a la realidad de los acontecimientos ni a derecho". 

"Sigo pensando que no soy responsable subsidiario del menoscabo producido en este Ayuntamiento y espero que la justicia me dé al final la razón", insiste el ex regidor, para el que robo ha tenido un alto coste político y personal. 

De Bernardo, de hecho, reconoce que ha adoptado la decisión de marcharse para no perjudicar a los intereses del Partido Andalucista y para no dañar tampoco la imagen del Ayuntamiento al permanecer en el seno de la Corporación Municipal tras la sentencia. "En este momento debo asumir las responsabilidades administrativas o políticas que me achaca el Tribunal de Cuentas, aunque tenga la intención de recurrirlas", afirma en su carta de dimisión. 

El ex alcalde andalucista, como ya había dejado entrever con anterioridad en algunas de sus declaraciones, afirma que tenía decidido dejar la política municipal desde principios del mandato corporativo. Solo la resolución del proceso en el que se había visto envuelto había retrasado su marcha definitiva. Había optado por esperar a la resolución con el propósito de demostrar su "total falta de responsabilidad contable" en el triste asunto del robo, una decisión no ha sido comprendida por buena parte de la ciudadanía.  "Mi intención siempre ha sido poder abandonar la Corporación Municipal una vez que hubiera quedado totalmente demostrada mi total falta de responsabilidad en este asunto, aunque fuera subsidiaria, esa que viene a significar te acuso de no haber vigilado lo suficiente. No va a ser posible", manifestó.