Cuando el Tribunal de Cuentas celebre la vista previa estarán a punto de cumplirse cuatro años de unos hechos que supusieron un auténtico punto de inflexión para la ciudad y su Ayuntamiento. Pero, a pesar de la demora que acumula el proceso, a lo largo de 2012 el tema no ha estado parado del todo.

El año se estrenó con la solicitud que Clemente Ruiz realizó al Ayuntamiento para reincorporarse a la plantilla municipal. La petición fue denegada basándose en que su situación no había cambiado a pesar de encontrarse en libertad bajo fianza. Poco después se conoció que el principal imputado por el robo había dejado su domicilio conocido -en Camposoto- al hacer frente a una orden de desahucio. Trasladó su residencia a la vecina localidad de Chiclana.

Por otro lado, al avanzar el proceso contable del Tribunal de Cuentas, el letrado municipal que hasta ahora se había hecho cargo del caso rehusó a representar al Ayuntamiento isleño alegando cuestiones personales. Loaiza derivó la defensa del Consistorio a los servicios jurídicos de Diputación, quienes se encargaron de redactar la demanda que se presentó a principios de septiembre. En ella, el Ayuntamiento insistía en considerar a los ex alcaldes como responsables subsidiarios.

Simultáneamente, se conoció una resolución judicial a favor de María José Lebrero de Celis, la funcionaria de la caja que también está imputada. Admitía su reincorporación a la plantilla municipal. Justo lo que su compañero, Clemente, no había conseguido. El Ayuntamiento ha recurrido el fallo.

A mediados de noviembre se tuvo conocimiento también del fallecimiento repentino de uno de los marroquíes investigados en relación con el robo: Mohamed Alí Buselhan, más conocido con el nombre español de Iván, con el que Clemente compartía una estrecha amistad y varios negocios, entre ellos, el establecimiento de venta de quads que estaba ubicado en la calle San Onofre.