La alcaldesa de Grazalema, la socialista María José Lara Mateos, se halla imputada por cinco delitos en el caso judicial que provocó el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de la localidad serrana. Se trata del supuesto cobro de comisiones en el municipio grazalemeño que puso al descubierto la Operación Pinsapar, que desarrolló en la primavera de 2006 la Guardia Civil.

Lo increíble del asunto es que la operación policial vino motivada por una denuncia que la propia regidora socialista realizó ante la Fiscalía de Cádiz. Lara Mateos acudió a la Fiscalía para denunciar que promotores y constructores del edificio de viviendas que empezó a levantarse en la plaza de la Asamblea de la localidad, sobre el cauce primitivo del Guadalete tras desviarlo, le habían dicho que el entonces arquitecto municipal, Juan Prieto, "pedía comisiones".

La investigación de los guardias civiles llevó a la cárcel al arquitecto (que fue despedido del ayuntamiento de forma fulminante) y al contratista de la obra, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros. Así consta en un acta que levantó el secretario del Consistorio serrano de la reunión que dicho contratista, junto a otros arquitectos y un promotor de la actuación, llevada a cabo por la empresa Inmocentral, mantuvo con la alcaldesa y otros ediles del gobierno.

Una comisión que, según la confesión el contratista (que negó luego haber dicho tal cosa), habría cobrado Prieto en especie, en obras que le realizaron en su casa, a cambio de que la empresa de Barrera ejecutara las obras de la primera promoción de viviendas de Inmocentral en la plaza de la Asamblea. La del desvío era la segunda promoción.

Junto a Prieto y el contratista, que lograrían después eludir la prisión tras pagar cada uno una fianza de 50.000 euros, fueron detenidos por la Guardia Civil dos representantes de Inmocentral, Raúl Gascón Aparicio y Rafael Torres Sánchez, hermano del presidente del club de fútbol de Getafe; así como también Antonio del Canto, arquitecto de Ubrique, y José Antonio Martínez, ingeniero industrial de esa localidad.

El Juzgado de Ubrique inició entonces unas diligencias en las que, tiempo después, a estos seis imputados se les sumó el ex alcalde de Grazalema y tío de la actual regidora, Antonio Mateos, al que el juez entonces titular imputó un supuesto delito de prevaricación al comprobarse que, tal como declaró Prieto, incriminando al ex regidor, la primera promoción de Inmocentral de Asamblea tiene mayor edificabilidad de la autorizada en licencia municipal.

La alcaldesa, en los compases iniciales de la investigación judicial, declaró como testigo. Después, durante más de dos años el asunto estuvo parado hasta que, con la llegada de una nueva juez, a principios de 2010 el caso se reactivó. La magistrada citó para declarar como imputada a la alcaldesa. Tras dos iniciales comparecencias fijadas, en febrero y marzo del pasado año, y pospuestas, la alcaldesa declaró finalmente en mayo pasado. Este diario ha conseguido ahora dicha declaración, en la que consta de modo textual que la juez le atribuye un total de cinco delitos: "cohecho, prevaricación, falsedad, contra la ordenación del territorio y denuncia falsa".

Lara Mateos, durante su comparecencia ante la juez, se negó a contestar a las preguntas de los letrados de Prieto, de los representantes de Inmocentral y de Ecologistas en Acción, personado como acusación popular.

Según las fuentes consultadas por este diario, a día de hoy, esta imputación de la socialista sigue vigente. Las mismas fuentes explican que en el Juzgado se dispondría de abultada documentación con pruebas testificales (fundamentalmente, por las declaraciones realizadas por el despedido arquitecto) y documentales que supuestamente incriminarían a la alcaldesa en los delitos que le atribuye la juez. Entre otras, un informe negativo del ex arquitecto sobre la obra, que se inició en julio de 2005, sin licencia, y que pese a que hubo hasta tres denuncias vecinales durante todo ese verano, alertando del posible desvío del río, registradas en el Ayuntamiento, y tras otorgarse entre medias autorización municipal, la regidora no mandó parar hasta octubre de 2005, cuando Ecologistas en Acción denunció a este diario y a la Junta el estropicio realizado en el río. También constan numerosas denuncias de Ecologistas de obras realizadas contrarias al ordenamiento municipal de 2001 y 2003, sin que el Ayuntamiento abriera expediente alguno.

Además de Lara, también han sido imputadas por la juez otras dos ex ediles socialistas,. Francisca Calle Chacón y Ana María Ramírez.