Las bodegas albergaban leves esperanzas de que a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se le pasara el plazo para la resolución del expediente sancionador incoado a nueve bodegas del Marco de Jerez, su patronal Fedejerez y el Consejo Regulador por un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios del vino. Nada más lejos de la realidad.

Al límite de los 18 meses que establece la ley, el organismo estatal hizo temblar ayer los cimientos del sector bodeguero jerezano, y de todo el Marco por extensión, para caer con todo su peso sobre las empresas y entidades investigadas, a las que finalmente ha resuelto imponer una sanción por importe global de 6,7 millones de euros, de la que únicamente ha logrado escapar el grupo Garvey (Complejo Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos) al que exime del pago de una multa de 670.000 euros al hilo de su solicitud de clemencia por su colaboración en el proceso.

González Byass también trató de acogerse al programa de clemencia para que se redujera el importe de su sanción, solicitud que vio rechazada tras incumplir el deber de colaborar.