El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz (UCA) se reunió ayer en sesión extraordinaria para manifestar su "rechazo, preocupación y malestar ante lo que considera un gravísimo ataque contra la autonomía universitaria, motivado por intereses políticos y económicos de ciertos sectores, que se está materializando en un tratamiento injusto y difamatorio de la Universidad de Cádiz y de su rector". En un comunicado, el Consejo de Gobierno informó que ha encomendado al Gabinete Jurídico de la Universidad "el análisis de las medidas y acciones legales a emprender en defensa de la Institución y de su máximo representante" tras las distintas manifestaciones que ha dado lugar su rechazo al proyecto de Escuela de Enfermería que la Fundación Pascual construye en Villamartín.

Desde el Consejo de Gobierno insistieron en que la UCA ha expresado a través de sus órganos competentes -Consejo de Gobierno y Consejo Social, tal como dice la Ley de Universidades para las adscripciones-, su voluntad contraria a la firma de un convenio con esta Fundación para la adscripción de un centro privado. "Una decisión que lejos de ser injusta o arbitraria viene avalada por un conjunto de razones y datos objetivos que constan en el informe, donde también se expresa que no cierra las puertas a otras formas de colaboración con dicha entidad y con las instituciones de la Sierra", apuntan.

"En noticias aparecidas durante los últimos días -continúa el escrito del Consejo de Gobierno- se afirma que la UCA ha dado luz verde al proyecto de la Escuela de Enfermería privada Salus Infirmorum contando con menos profesores que los presentados por el proyecto de Escuela Marisol Pascual, cuando el criterio relativo al profesorado no es el único de los criterios académicos que se ha analizado y además es falso". Según la UCA, "la Memoria del Grado de Enfermería, que fue informada favorablemente por este Consejo de Gobierno en 2009, incluye en el apartado correspondiente al "personal académico disponible" en la Escuela Salus Infirmorum, centro adscrito a una universidad pública desde 1978 con experiencia docente demostrada, la referencia a 25 profesores en activo, de los cuales 5 cuentan con el grado académico de doctor y 2 cuentan con la acreditación de Contratado Doctor. Frente a lo anterior, la solicitud presentada por la Fundación Pascual no incluye ningún apartado sobre personal académico disponible ni datos concretos sobre profesorado actual, limitándose a afirmar: "estimamos que, con 6 profesores a tiempo completo y 6 a tiempo parcial (6+6), podemos responder a la carga docente prevista".

El Consejo critica además las "declaraciones sesgadas en las que se insiste en atribuir al rector la adopción de una decisión que nunca le ha correspondido".