Desde la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) se aseguró ayer que en su labor con las mujeres que ejercen la prostitución en la provincia "no hemos encontrado situación de obligación, de explotación o de maltrato" en los clubs regentados por la familia Galán. Su presidente, Rafael Lara, manifestó su "rechazo total a cualquier tipo de trata" y su apoyo a la "acción más contundente contra la explotación de mujeres" pero pidió "respeto y consideración para las que la ejercen la actividad libremente, la mayoría," y criticó la "mojigatería moral" con la que se aborda la prostitución, "sin contar con las propias mujeres, lo que impide el avance en sus derechos".

Según explicaron, desde la asociación atendieron y asesoraron el año pasado a más de 150 mujeres dedicadas a esta actividad, con programas además de formación y talleres, "con lo que hablamos con un cierto conocimiento de la realidad". Algunas de estas mujeres trabajaban en los clubs de la familia Galán, "y cuando hemos ido a visitarlas no hemos encontrado explotación". Es más, "a nosotros nos han tratado bien, nos han dejado entrar, hablar con ellas y por otras vías también nos dicen que las personas podían irse de los clubs cuando querían", dijo Lara.

Sin entrar a opinar sobre el procedimiento judicial abierto, Rafael Lara se preguntó qué es lo que había. "¿Dónde estaba la explotación terrible que nos las dejaban salir, que no les daban de comer y que casi las estaban tratando con un látigo? Pues verdaderamente de eso había poco", afirmó.

El presidente de APDH-A criticó la actitud con la que desde sectores como "la justicia, los medios de comunicación, instituciones, asociaciones e incluso feministas bien intencionadas" se aborda el tema de la prostitución, "sin contar con las voz de las prostitutas", y consideró que "muchas de las reacciones que se están produciendo en esta provincia están sobredimensionadas desde el punto de vista mediático y no responden a la realidad". "Todo lo que rodea a este mundo parece que tiene un montón de morbo y verdaderamente lo que ellas quieren es que se les deje hacer su función con normalidad, que la sociedad las respete y sobre todo que tengan derechos", aseveró.

La asociación Pro Derechos Humanos aprovechó para denunciar la situación de "precariedad" de algunas mujeres, sobre todo las que ejercen las actividad en las calles, que son las que "más padecen la persecución y el estigma" de la sociedad. Reglamentos como el del Ayuntamiento de El Puerto lo que hacen es hacer "más clandestina y precaria su situación", opinó.

Según finalizó Lara, con este mensaje lo que quieren es "desmitificar y quitar morbo al asunto porque estamos hablando de una actividad que consideramos legítima, pero junto a ello -agregó- hay una actividad ilegítima de personas obligadas y si lo mezclamos con la inmigración irregular hace que centenares de personas estén en la precariedad y sin derechos porque no ponemos en marcha medidas de regulación de una ocupación que podría ser legal perfectamente".