El secreto de sumario sigue adelante en el caso del desfalco de la Caja Municipal de San Fernando. Sin información de cómo marchan las investigaciones, los abogados de los dos imputados hasta ahora, los funcionarios Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis, reconocen que aún queda bastante tiempo para que la jueza instructora levante éste. No hay novedad por ese lado, pero sí por parte de la defensa. El abogado de Ruiz, Ignacio Quintana, ha presentado un escrito en el juzgado para solicitar un juicio de jurado. El otro letrado también se adherirá a esta petición.

Este paso dado por uno de los abogados es un mero trámite, puesto que la ley establece el enjuiciamiento con jurado para un elenco de delitos, que incluye la malversación de caudales públicos -por el que en principio y presuntamente se imputa a ambos-. "Al menos con esta solicitud se produce algún movimiento porque está todo muy parado, sin que haya visos de que se puedan conocer el sumario, y estas dos personas están suspendida de empleo y sueldo", apunta Quintana. Aunque no hay ningún plazo fijado para que la jueza responda, el dictado legal sí recoge que debe ser lo antes posible. Al menos debe notificarlo al fiscal y a las partes. De hecho, el abogado de María José Lebrero, Juan Manuel Priego, sólo espera para adherirse a la petición de juicio de jurado a la comunicación del juzgado.

El trámite iniciado por Quintata, aunque simple, tiene una lectura más profunda: la respuesta del juzgado que instruye el caso puede esclarecer si la imputación se produce por la malversación de caudales públicos o si existen otros delitos. Una respuesta que rechazara un juicio de jurado implicaría que se ha producido otro delito -o delitos- que no es competencia de un jurado. Un dato tomado como un destello dentro la investigación tan oscura para los letrados de los dos imputados.

El tema se enreda más si se tiene en cuenta las estimaciones que realiza el Ayuntamiento de San Fernando sobre el dinero que ha desaparecido de la caja, 7,8 millones de euros, que engorda sobremanera la cifra inicial de menos de medio millón por la que se denunció en principio a los dos funcionarios. El levantamiento del secreto de sumario permitirá conocer si la jueza ha aceptado el informe elaborado por los servicios económicos de la administración local. Un documento que, sin embargo, el PSOE considera sesgado y opinativo. De ahí que pidan una auditoría externa.

La oposición volvió ayer a poner en entredicho esta y otras informaciones del Gobierno municipal al analizar los documentos solicitados por la formación socialista sobre las cuentas municipales, ahora principalmente ante los arqueos desarrollados entre 2005 y 2007. En total, explica el concejal Fernando León, se llevaron a cabo seis arqueos, tres de ellos de carácter ordinario y otros tantos extraordinarios, "con cantidades muy dispares que a nadie llamó la atención", puntualiza. Los documentos esgrimidos por el edil socialista constatan que desde el 27 de enero de 2005, fecha en la que Antonio Moreno cede la Alcaldía a Manuel de Bernardo, ya había constancia documental de la existencia en la Caja de una suma de dinero extraordinaria. Cantidades recogidas en las liquidaciones. León se cuestiona cómo es posible que durante años se hayan aprobado planes de saneamiento, refinanciación de deuda municipal, créditos bancarios y reconocimientos extrajudiciales de crédito sin hacer uso del dinero de la caja municipal. "¿Para qué refinanciar la deuda municipal si se tienen 7,8 millones de euros en la Caja?", insiste.