La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lanzó ayer un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos preocupados o incluso alarmados ante posibles riesgos sanitarios de las antenas de telefonía móvil, porque, desde su punto de vista, no existen motivos para ello. Lo hizo en el transcurso de una jornada informativa organizada ayer en Sanlúcar por el Servicio de Asesoramiento Técnico e Información (SATI) de dicha entidad con la colaboración de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y el Ayuntamiento.

La coordinadora del SATI de la FEMP, Joanna Arranz, destacó que este servicio "gratuito" se inició hace más de dos años y actualmente cuenta con una cifra superior a las 1.100 poblaciones adheridas. El Código de Buenas Prácticas y el denominado Modelo de Ordenanza son las "herramientas de gestión municipal" que ofrece a los ayuntamientos para "la instalación y control de las redes de telefonía móvil". Dispone de cuatro áreas de trabajo: una técnica, otra biomédica, una tercera estratégica y la jurídica.

Francisco Vargas, responsable del Área Biomédica del SATI y miembro del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, manifestó que "no hay motivos para la alarma social desde el punto de vista de riesgos para la salud". Argumentó que "todas las instituciones y organismos internacionales competentes en esta materia que han estudiado toda la información científica demuestran que no hay resultados adversos por la exposición a las antenas de telefonía móvil". "Ésas son las conclusiones de todos los comités científicos rigurosos que han trabajado en ello y que han establecido unas directrices que son las vigentes en nuestro país con la legislación nacional y que la mayoría de las ordenanzas recogen", añadió. Vargas defendió, en este sentido, "los límites" fijados por la UE, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) con "el respaldo de toda la comunidad científica". A su juicio, "si respetamos las normas de la OMS sobre, por ejemplo, la gripe, la nutrición y prevención y tratamiento de enfermedades, ¿por qué en este tema nos permitimos el lujo gratuito de establecer unos límites arbitrarios, sin fundamento científico ni reconocimiento?". Preguntado por los casos de cáncer supuestamente asociados a la proximidad de antenas, contestó que "no hay ningún tipo de relación: en ningún estudio que yo haya leído se demuestra o se atribuye causalidad".

Por su parte, María Jesús González, responsable del Área de Estrategia del SATI, opina que la alarma social suscitada ante esta problemática "se debe a un déficit de información y a informaciones no contrastadas, no suficientemente contrapesadas de lo que la ciencia sabe y dice". Aseveró que "en España disponemos del sistema de control de emisiones más riguroso del mundo", cuyos resultados pueden ser consultados por los ciudadanos en la página web del Ministerio de Industria con "los datos concretos de las mediciones de cada antena instalada", o personalmente en las oficinas de las delegaciones provinciales de esa administración, que es la competente en la materia, aparte de que "algunos ayuntamientos complementan muy eficazmente el acceso a la información sin tener la obligación de hacerlo".

De acuerdo con la versión de González, "la mediciones que se hacen en España demuestran que están miles de veces por debajo de los límites de seguridad recomendados por la OMS". Acerca del polémico asunto de la ubicación de las antenas, afirmó que "cuando éstas se separan de los núcleos urbanos, cuando se decide que no estén donde los ciudadanos la utilizan, los límites aumentan, aunque siempre, por supuesto, por debajo de lo que marca la ley". En su opinión, "lo que tienen que hacer los ciudadanos preocupados es reclamar que la red de antenas estén bien distribuida y dimensionada, que las antenas sean las que necesita la población para un buen funcionamiento y que estén lo más próximas posibles a sus teléfonos, para evitar que aumente la potencia de las antenas, pero, sobre todo, de sus móviles".

Sobre los "espacios sensibles" (centros docentes, geriátricos u hospitales), González comentó que la legislación fija "un doble chequeo" de protección por una "doble preocupación humana" al referirse a grupos como niños y ancianos, pero no porque exista riesgos sanitarios, habida cuenta que los límites establecidos legalmente "protegen a toda la población en cualquier circunstancia y todo el tiempo".