Un equipo de abogados urbanistas, contratado por el gobierno tripartito (PP, IU y PA) de Chiclana, ha realizado una auditoría cuyo informe incide en que "la labor de seguimiento y represión de las infracciones urbanísticas cometidas en Chiclana ha sido escasa, casi nula entre 2005 y 2007, años en los que, con toda dureza, podemos afirmar que en el municipio no ha existido disciplina urbanística". En esa etapa gobernaba el PSOE con mayoría absoluta.

Las conclusiones de la auditoría se dieron a conocer ayer por parte de los principales representantes del tripartito: el alcalde Ernesto Marín (PP), José Pedro Butrón (IU) y Manuel Guerrero (PA). Tanto el regidor chiclanero como ambos ediles apoyaron la necesidad de encargar ese informe "por la acumulación de expedientes y la poca agilidad en tramitación de los mismos" y tras la denuncia presentada por los populares que alertaba a la Fiscalía que "en ocho años sólo se habían incoado 2.000 expedientes sancionadores cuando en el término se calculan unas 30.000 viviendas ilegales que deberían tener abiertos igualmente este tipo de expedientes".

La auditoría dice que en 2005 el 73% de los procedimientos sancionadores no tuvieron resolución expresa. "Sólo el 0,94% del total de 425 expedientes fueron resueltos y ejecutados, mientras que en 2006 no se resuelve el 66% de los procedimientos sancionadores y, lo que resulta más alarmante, sólo un expediente, lo que supone el 0,22% del total, fue resuelto y ejecutado".

Asimismo, el informe auditor apunta que los procedimientos sancionadores sin resolución en 2007 se reducen hasta un 49% y que los expedientes resueltos ascienden hasta un 3,40%. Además, indica que en 2008, año en el que gobierna el tripartito, los expedientes resueltos o en vías de resolución crecen hasta un 97,5% del total analizado. "Los números avalan que nuestro proyecto de gestión en la Gerencia de Urbanismo está surtiendo efecto", matizó ayer el alcalde chiclanero.

El gobierno municipal de Chiclana mostró su preocupación por los expedientes que se incoan "y posteriormente caducan; así, en 2005 tenemos un 17% de expedientes caducados por transcurso del tiempo máximo para resolver (1 año), de los cuales, la mitad son vueltos a incoar en años posteriores. Sin embargo, los auditores ignoran cuál es el criterio para seleccionar cuáles son los expedientes que se vuelven a incoar y cuáles no".

El tripartito puso un especial interés en el estudio de las infracciones cometidas en suelos no urbanizables, puesto que pueden ser constitutivas de delito contra la ordenación del territorio. Según el gobierno municipal los datos del informe son también contundentes. "En 2005 se abren en suelo no urbanizable 51 expedientes, lo que supone el 13% del total. Llama la atención que sólo cuatro de ellos tienen abiertas diligencias previas o procedimientos penales, lo que supone un escaso 0,94%. En 2006, baja el porcentaje de construcciones en suelo no urbanizable, pasan a ser 38, lo que supone un 8% del total. De estos, 17 tienen abiertas diligencias previas o procedimientos penales. La mayoría no son por delito contra la ordenación del territorio sino por falsedad documental".

El alcalde resaltó que el informe aconseja actuar en tres ámbitos. En primer lugar, sobre la adopción de medidas correctoras que eviten el alto porcentaje de falta de resolución de expedientes. Por otro lado, sobre la existencia de indicios de delito "que nos llevan a plantear cierta intencionalidad en la falta de resolución de expedientes" y, por último, sobre "el evidente perjuicio generado a las arcas del municipio ante el escaso cobro por las irregularidades urbanísticas", según el equipo de urbanistas.

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