La Junta de Andalucía ha reactivado los Planes de Ordenación del Territorio (POT) de la provincia, los documentos que deben definir el desarrollo urbanístico y territorial de las comarcas, después de una década de retrasos y dejadez administrativa que no han permitido una vertebración óptima de los grandes núcleos de población.

El impulso al planeamiento comarcal está propiciado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, una cartera creada después de las últimas elecciones por el Gobierno regional (PSOE) con el objetivo de revitalizar el urbanismo en Andalucía mediante la planificación y la agilización de los trámites administrativos.

Fuentes de la delegación provincial de Vivienda confirmaron que su previsión es que los POT de La Janda y la Costa Noroeste salgan a exposición pública en octubre. El delegado de Vivienda y Ordenación, Gabriel Almagro, ha mantenido encuentros en los últimos meses con los alcaldes de las dos comarcas para presentarles los documentos de análisis de la situación urbanística de sus poblaciones.

Ahora los ayuntamientos están remitiendo a la Administración los proyectos que, consideran, deben quedar reflejados en la planificación subregional. En este capítulo se incluyen todas las áreas de oportunidad económica identificadas por los municipios: grandes infraestructuras, polígonos industriales, parques empresariales y planes hoteleros, turísticos y residenciales, entre otros.

Los POT de La Janda y la Costa Noroeste acumulan una década de retrasos. Pese a que la propia Junta volvió a instar a su formulación en marzo de 2007, los trabajos no han comenzado hasta un año después. La Junta prevé ahora aprobar antes del verano de 2009 ambos documentos, que servirán para establecer criterios comunes y dar coherencia al desarrollo de áreas de la provincia cuyos municipios mantienen una evidente interrelación.

El sistema de transportes, las comunicaciones, el ciclo del agua, los espacios verdes, las citadas áreas de oportunidad económica y la distribución de los equipamientos sociales y culturales (hospitales, universidades, centros de ocio), serán los principales aspectos regulados por los POT, que servirán de guía obligada a los municipios.

La puesta en marcha plan subregional de La Janda es de especial importancia. La comarca, que comienza su desarrollo urbanístico y turístico con multitud de proyectos en cartera pero sin suelo regulado para su ejecución, aguarda el plan desde 2001, fecha en la que el Gobierno andaluz aprobó su redacción e inició trabajos preliminares.

A principios de 2007, sin que se hubieran producido avances, la propia Junta reiteró que el documento debía elaborarse y firmó un convenio con los ayuntamientos jandeños para desarrollar un urbanismo "pionero y modélico" en la comarca. Los trabajos, en un nuevo ejemplo de burocratización del urbanismo, no han comenzado hasta el arranque de esta legislatura.

De forma paralela a los POT de la Janda y la Costa Noroeste, la delegación de Vivienda trabaja en la elaboración del planeamiento del Campo de Gibraltar, iniciativa que fue ideada hace exactamente 14 años, y olvidada en los despachos antes de que la Junta volviera a solicitar su formulación a principios del año pasado. La delegación prevé reunir a los alcaldes campogibraltareños en octubre y confía en poder iniciar la tramitación del documento antes de que acabe el año.

A lo largo de 2009, Vivienda y Ordenación también prevé iniciar el desarrollo del POT de la Sierra, otra de las comarcas con mayores perspectivas de crecimiento, sobre todo en torno a planes turísticos e inmobiliarios vinculados al golf que deben estar incluidos en un POT para salir adelante, tal y como exige el nuevo decreto de golf.

La delegación estudia ahora si abordará la ordenación de la Sierra con un único plan subregional, en coherencia con su carácter comarcal, o si distinguirá entre los municipios situados en vega del Guadalete y los del norte de la Sierra.

Vivienda quiere cerrar la ordenación completa de la provincia esta legislatura reformulando el POT de Bahía de Cádiz-Jerez, el único existente en la provincia. Fue aprobado en 2004 y está siendo aplicado pese una sentencia del TSJA que declaró su nulidad porque la Junta había incumplido el plazo de ejecución que ella misma había establecido en el documento.