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Provincia de Cádiz

El ex alcalde de Chipiona Manuel García declara por el caso Lan Party

El ex alcalde de Chipiona Manuel García (PSOE) y la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de esta localidad, María Naval, comparecieron ayer en los juzgados de Sanlúcar por la investigación abierta en relación a la gestión económica del Lan Party, un evento informático subvencionado en el año 2010 por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que, de acuerdo con la misma, finalmente no se celebró.

Sobre García pesa la acusación de haber cometido presuntamente los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y falsedad documental. También deben responder ante la Justicia por todos o alguno de esos delitos el ex concejal de Juventud José Ignacio Martínez Verano, funcionario en la actualidad; otros cuatro empleados públicos y un cargo de confianza del alcalde en aquel mandato. Además, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Jerez, encargada de la investigación, tomó declaración días atrás a Naval.

La Benemérita sostiene que dicho evento nunca se celebró, pese a que el Ayuntamiento recibió de la FEMP una subvención de 3.500 euros y que, además, el Consistorio aportó algo más de 12.800 euros. Aún se desconoce el destino de estas cantidades económicas, que los presuntos implicados trataron de justificar con informes, certificados y facturas falsas. La investigación señala numerosas irregularidades al respecto con abundante documentación.

El ex alcalde, que permaneció en los juzgados poco más de 15 minutos acompañado por su abogado, rehusó hacer declaraciones a los medios, apuntando únicamente que su comparecencia respondía a "un mero trámite procesal" en torno a un caso sobre el que guardaría silencio "mientras que no haya nada".

Poco después entró en los juzgados la portavoz del PSOE de Chipiona junto a su abogado, el socialista Daniel Manrique de Lara, a la sazón primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la vecina localidad de Rota. Su comparecencia fue brevísima. En apenas cinco minutos abandonó la sede judicial sanluqueña y atendió a los periodistas con ganas de dar su particular versión sobre el caso.

Naval manifestó que "no estoy imputada ni nada parecido" y que todos sus "pasos previos" han sido "voluntarios" para "esclarecer toda la documentación y saber realmente de qué va esta historia". Según aseguró, "me estoy enterando de este procedimiento como consecuencia de la llamada a los compañeros que fueron detenidos". Atribuyó su comparecencia al hecho de que el denunciante, Pedro Valdés, ex presidente local del PP, "ha puesto mi nombre en una denuncia de un caso en el que no tengo ningún tipo de implicación".

La concejala socialista explicó que en aquellas fechas era delegada de Hacienda y la gestión del evento la llevaba el Área de Juventud del Consistorio. Negó todas las cifras económicas difundidas, aseverando que la subvención de la FEMP fue de 2.800 euros "ejecutados", aunque el importe aprobado sumaba 3.500. Naval aludió a "dos facturas de muy poco importe que están bien realizadas", una correspondiente a "folletos de imprenta" y otra a "la instalación de un router". "Ambas se ejecutaron en el Ayuntamiento. Cosa distinta es que esas dos facturas las utilizaran el Área de Juventud, los técnicos y otras áreas para justificar indebidamente esa pequeña subvención", añadió.

Preguntada por la celebración del evento, dijo tener conocimiento de que hubo una edición "en 2008 ó 2009" en la que participaron "muchos jóvenes". "Lo que yo no sé, y me estoy enterando ahora, es si estas facturas eran para un segundo Lan Party. De eso es de lo que estoy intentando informarme. Por lo que sé hasta ahora mismo, parece ser que no se celebró un segundo Lan Party en el Ayuntamiento", comentó.

Como responsable local del PSOE en la actualidad, Naval afirmó que "si hay personal del Consistorio, político o no, que ha cometido algún error o irresponsabilidad, seré la primera en pedirles a los compañeros que lo reconozcan y lo aclaren tanto en los juzgados como públicamente".

De acuerdo con su versión, esta denuncia y otras cinco anteriores "archivadas" se debieron a la pretensión de Valdés de "dañar" su candidatura a la Alcaldía en 2015.

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