El Consorcio de Las Aletas mantiene invariable los trámites para la promoción del parque, tal y como anunció su presidenta, Juana María Lázaro, pero lo hace bajo la sombra de un proceso judicial que también avanza, pero en dirección contraria y, hasta ahora, en sentido desfavorable para los intereses de sus promotores, las Administraciones central y autonómica. Según ha podido saber este periódico, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado en representación de la Dirección General de Costas contra la sentencia dictada por el TSJA el pasado 5 de marzo.

El fallo del alto tribunal andaluz fue un mazazo inesperado en el proceso de tramitación del parque porque anulaba el primer procedimiento, la piedra sobre la que descansa todo el proyecto: el Plan Especial de la Consejería de Obras Públicas por el que se delimitó el suelo reservado para el futuro polígono. En total, 527 hectáreas pertenecientes al término de Puerto Real que después fueron declaradas de interés público para favorecer el desarrollo del proyecto y, de paso, facilitar la expropiación forzosa de las 120 hectáreas ocupadas por medio centenar de propietarios.

Este nuevo revés judicial podría entenderse como una ratificación de la condena anterior si no fuera porque la razón que ha llevado al Supremo a rechazarlo no ha sido de índole jurisdiccional -como habría sido una posible inhibición en favor del TSJA- ni fundamentada en una exposición de motivos. El TS lo ha desestimado simplemente porque la Abogacía del Estado lo presentó "extemporáneamente". Es decir, fuera de plazo, según apuntaron fuentes cercanas al proceso. Una dilación cuanto menos sorpresiva por tratarse de un proceso judicial crucial para el futuro de Las Aletas y, sobre todo, determinante para su coste final.

El TSJA falló hace medio año a favor de la empresa Dehesa Norte -propietaria de 204 hectáreas del terreno afectado- y tumbó el Plan de Delimitación por entender que no estaba suficientemente fundamentado. El juez consideró por ello que no estaba justificada la "excepcionalidad" del procedimiento de enajenación forzosa que utilizó la Consejería de Obras Públicas en octubre de 2005 para hacerse con las parcelas privadas.

La Junta respondió a la sentencia que esta excepcionalidad viene dada por el interés público del proyecto, garantizado con la posterior planificación del parque empresarial y que "está por encima de todo interés particular", según declaró entonces el consejero de Obras Públicas y principal impulsor de Las Aletas desde la Junta, Luis García Garrido.

En base a este criterio, la Junta de Andalucía también ha presentado un recurso, éste dentro de plazo, sobre el que aún no se ha pronunciado el Tribunal Supremo. La defensa de Dehesa Norte confía en que la resolución sea también negativa, esta vez bajo la argumentación de que el TSJA es la última instancia judicial en aquellos conflictos surgidos en la aplicación de leyes autonómicas.

Junto a este procedimiento, Dehesa Norte ha abierto otro en contra de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación de Las Aletas, dictado el pasado febrero, en el que se detallaba el reparto de usos de la zona. La defensa de esta compañía, radicada en Sevilla y perteneciente al sector del cereal, considera que este nuevo paso administrativo es "nulo porque se basa en la delimitación anulada por el TSJA y, por lo tanto, ha quedado invalidado".

Finalmente, hay una tercera vía judicial pendiente de resolución. Es la emprendida por un grupo de ex propietarios, también ante el tribunal andaluz y también contra Obras Públicas, tras quedar disconformes con las expropiaciones, tanto en cuantía como en forma, desarrolladas por el Gobierno regional entre 2006 y 2007.