Tras el grave incidente sufrido en el centro penitenciario Puerto III el pasado jueves, 21 de julio, en el cual un interno de primer grado (el más peligroso, 91.3 del Reglamento Penitenciario) propinó varias puñaladas a los funcionarios que le trasladaban al patio de su galería, los trabajadores de prisiones salen a la calle para reivindicar más medios que eviten este tipo de violentas agresiones.

Según afirma uno de los funcionarios de los centros penitenciarios portuenses, Ángel Luis Perea, este no es un hecho aislado, ya que en mayo también fueron testigos de una agresión brutal hacia una de sus compañeras, se han vivido amenazas de muerte hacia una médico y una auxiliar de enfermería. Así como varias agresiones leves a comienzos de año en el módulo quince del centro Puerto III.

Los funcionarios que trabajan día a día dentro de estos centros, quieren que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tome medidas en el asunto, ya que si existiese un protocolo de actuación o los medios oportunos todas estas agresiones podrían haber sido evitadas.

Con esta manifestación los trabajadores exigen una serie de medidas como medios coercitivos adecuados , así como un protocolo de actuación para los traslados de internos dentro de dicho módulo, tal y como lo hacen en el exterior las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo reclaman rebajar la alta concentración e internos conflictivos existentes en la actualidad en Puerto III, donde residen el 30 % de los potencialmente más peligrosos de toda España. Según explica Ángel Luis, "Puerto III está diseñada para albergar el doble de internos que cualquier otro centro de este tipo, con lo cual son alrededor de 15 a 16 presos de primer grado los que residen en este centro".

Como es lógico al aumentar el número de internos también debería haber un aumento de personal para este tipo de departamentos. Sin embargo, debido a la falta de Oferta de Empleo y Concurso de Traslados existente en los últimos años han mermado las plantillas de todos los centros.

Así como la adecuada cualificación de los trabajadores de estos departamentos o la creación de un cuerpo especial para una adecuada intervención sobre este tipo de internos.

Por último, reclaman la inclusión en el programa de actuación contra la violencia en el trabajo para Instituciones Penitenciarias, al igual que se ha llevado a cabo con los empleados de la Administración General del Estado.

De no cumplirse estas medidas urgentes, según las palabras de Ángel Luis, "cualquier día vamos a lamentar una tragedia o la muerte de algún compañero".