Hoy va a ser un día duro para Miguel Ángel Morro y su familia. Este pequeño empresario del sector de la carpintería de aluminio se enfrenta a las diez de la mañana al mal trago de ser desalojado de la nave en la que ha venido desempeñando su trabajo desde hace aproximadamente diez años, y todo por una deuda con el Ayuntamiento por retrasos en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La historia se remonta a hace aproximadamente tres años, con el sector de la construcción duramente azotado por la crisis económica. Como otros muchos empresarios la mala racha se cebó con Miguel Ángel, que contrajo deudas con la Seguridad Social, Hacienda y el Ayuntamiento. Tras alcanzar acuerdos de pago primero con los organismos estatales, en octubre de 2013 Miguel Ángel se dispuso a concertar también un calendario de pagos con el Ayuntamiento, para saldar una deuda de IBI por un importe aproximado de 3.500 euros. "Yo sabía perfectamente que debía ese dinero" -explica- y añade que en todo momento su intención fue saldar la deuda en cuanto le fuera posible. Recibió varias notificaciones del servicio de recaudación, en una de las cuales le comunicaron incluso el embargo, pero ahí quedó la cosa. Cuando en octubre de 2013 se dirige a la oficina municipal ubicada en El Juncal para conocer exactamente la situación de la deuda, le comunicaron que el plazo máximo para efectuar el pago expiraba en diciembre de ese mismo año. Más tranquilo, se dirigió entonces a las oficinas centrales del servicio provincial de Recaudación, en la calle Larga, y cuál no sería su sorpresa cuando le anunciaron que la nave (ubicada en el polígono El Palmar y valorada en cerca de 200.000 euros) había salido a subasta en el mes de junio. Esa subasta, de la que el propietario no tuvo noticia en ningún momento, se declaró desierta y la nave se adjudicó pocos meses después, en septiembre, a una empresa llamada Bruma 2000 SL por la cantidad de 15.000 euros, por adjudicación directa.

Miguel Ángel, que ha interpuesto una demanda penal contra el Ayuntamiento y el servicio provincial de Recaudación, no se explica cómo ha podido ocurrir esto y lamenta la absoluta indefensión en la que se encuentra, ya que entre otras cosas al tener que desalojar la nave hoy mismo (en cumplimiento de una sentencia dictada por el juzgado de lo civil, a instancias del nuevo propietario) no podrá seguir desempeñando con normalidad su actividad profesional.

Miguel Ángel y su familia confían en que el juzgado de lo penal les de la razón en septiembre, cuando se celebrará el juicio por el cual tratará de demostrar que ha sido víctima de un absoluto atropello.