Cerco judicial a la ex alcaldesa de Rota

La plantilla respalda a los funcionarios condenados

  • Empleados públicos se concentran a las puertas del Consistorio

Toda vez que se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica las penas de cárcel a varios funcionarios del Ayuntamiento de Rota por el caso Horas Extras -además de a la ex alcaldesa popular Eva Corrales-, un nutrido grupo de funcionarios (en torno a 150) se concentró ayer por la mañana a las puertas del Consistorio como muestra de apoyo a los condenados en este procedimiento.

Por su parte, el actual ejecutivo municipal (de PSOE e IU) quiso manifestar en un comunicado su "respeto a las leyes, al Estado de Derecho y a las resoluciones judiciales". No obstante, en dicha nota, el equipo de gobierno ha manifestado que "no se puede pasar por alto que se trata de una muy mala noticia para el pueblo de Rota, por las importantes consecuencias que este hecho supone para los afectados, sus familiares y para el propio Ayuntamiento, máxime cuando la mayoría de los funcionarios implicados han tenido una trayectoria de servicio intachable y leal con este Consistorio".

Desde el ejecutivo local lamentan que "este caso, al igual que los demás procedimientos pendientes de resolver, se hayan tenido que trasladar a sede judicial por la actitud intransigente del anterior equipo de gobierno, que sistemáticamente se vino negando a dar explicaciones sobre las irregularidades que se estaban cometiendo y nunca adoptaron las medidas necesarias para corregirlas".

Por otra parte, la Junta Personal del Ayuntamiento de Rota también publicó ayer un comunicado en el que califica de "nefasta" la noticia de la confirmación por parte del Supremo de las penas de cárcel impuestas. Este órganom municipal mostró su apoyo a "los seis funcionarios que llevan prestando sus servicios en este Ayuntamiento más de 20 años de una forma ejemplar y honrada. Compañeros con los que trabajamos día a día, que conocemos y apreciamos".

"Si nos paramos a pensar que simplemente podría haberse tratado de un error administrativo, ahora, y con las actuaciones llevadas a cabo, hablamos de condenas de cárcel e inhabilitación para seis empleados públicos, algunos de ellos al final de su carrera profesional con más de 40 años de servicio y entregados a su trabajo", defienden desde la Junta de Personal. Para este órgano, la sentencia del alto tribunal es "injusta", "desproporcionada" y "excesiva"; e insisten "en la honradez de nuestros seis compañeros".

La presidenta de este organismo, Mercedes Lobato, anunció que hoy por la tarde se reunirá con el actual alcalde, Javier Ruiz Arana, y el delegado de Personal, Daniel Manrique, para abordar la posibilidad de solicitar un indulto para estos funcionarios.

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