Entonces el inquilino de su casa se dirige a usted preguntándole que cómo es eso de que está vendiendo el piso. Yo no estoy vendiendo el piso, contesta usted. Pues el otro día vinieron unas personas, con un trabajador de la agencia inmobiliaria La Unión, para ver la vivienda, dice el inquilino. El inquilino le dice a usted que le está pagando el alquiler, pero usted no es el propietario, sino una familia de El Puerto. Estupefacción.

Esto le ha sucedido a los herederos de una portuense, fallecida en 2007, y que en su testamento legó en propiedad un piso muy bien situado en Sevilla, en la avenida Manuel Suirot, a su hija. El piso está tasado en el mercado en unos 300.000 euros. La heredera abonó todos los impuestos de sucesión, convirtiéndose en legítima propietaria, pero no cambió la titularidad en el registro. De la noche a la mañana, se ha encontrado con que el piso ya no es suyo. En concreto lo perdió el 27 de agosto de 2015 en una subasta, de la que nunca tuvo conocimiento, por la cual fue adjudicada a un matrimonio portuense por 30.000 euros. Gran negocio porque unos pocos meses después vendieron ese piso que ellos nunca habían pisado por 165.000 euros, o así consta en la hipoteca. ¿A quién se lo vendieron? A los inquilinos. Los inquilinos son ahora los propietarios y, además, han recurrido el archivo de una demanda presentada contra los herederos por estafa, ya que habían cobrado un alquiler por una propiedad que no era suya.

El abogado de la familia heredera puso una demanda en noviembre de 2015 y solicitó de urgencia que constara en el registro que la casa estaba en litigio. El juez no vio la urgencia de esta medida y, en ese tiempo, la operación inmobiliaria se realizó. Ahora todo se ha vuelto verdaderamente complicado, reconoce el propio abogado, Antonio Sanjuán, que no se explica el cúmulo de actos administrativos que han llevado a esta situación, es decir, el perder una propiedad sin tener el más mínimo conocimiento de lo que estaba sucediendo.

¿Qué es lo que ha pasado? Todo se debe a una deuda con el Ayuntamiento de El Puerto por el impago del IBI durante cuatro años de la fallecida sobre un chalé que tenía en Vistahermosa. Los ejercicios que no se pagaron iban desde el año 94 al 2000. En 2001, alertada de la deuda por el Ayuntamiento, la propietaria abonó 1.200.000 pesetas de la época, correspondientes a los años que iban entre el 97 y el 2000, pero no abonó los correspondientes a 94, 95 y 96, por entender que estaban prescritos. Realizó el correspondiente recurso. A partir de ahí se pagarían todos los años excepto 2003. La deuda se quedaba por tanto en algo más de 5.000 euros, pero con los recargos y los intereses de demora la cifra casi se dobló hasta los 9.000 euros. Cuando el Ayuntamiento de El Puerto decidió denegar ese recurso, en el año 2009, la propietaria ya había fallecido, por lo que Correos devolvió la notificación. El siguiente paso fue publicar la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, que no es una lectura habitual del común de los hombres máxime si éstos residen en Sevilla. Esa fue la publicidad que se dio a esta acción administrativa, que fue suficiente para que un matrimonio portuense se presentara a la tercera llamada de la subasta haciéndose con un piso que ni siquiera habían visto, pero por el que abonaron la ganga de 30.000 euros.

Entre medias, esa deuda por el impuesto no impidió que pudiera venderse el chalé de Vistahermosa, motivo por el cual se actúa sobre el piso de Sevilla, pese a que la fallecida tenía una cuenta activa en el Banco de Santander con más de 100.000 euros, de donde se podía haber extraído la cantidad requerida, según defiende la familia, atónita ante lo sucedido. La diligencia de embargo realizada por el servicio de recaudación de Diputación, pese a ello, asegura que "se desconoce la existencia de otros bienes o resultan insuficientes los trabados en esta jurisdicción". Es un monólogo administrativo, ya que pese a conocerse el fallecimiento de la contribuyente, nadie entra en contacto con los herederos, que son ajenos a todo lo que se está produciendo. "Pese a tener conocimiento del fallecimiento de la deudora nada impide a la Administración seguir adelante con el procedimiento de apremio (…) ni se adoptan medidas para comprobar la realidad del fallecimiento (…) ni tampoco se investiga la existencia de herederos". Son cinco años, los que van de 2009 a 2014, momento en el que el tesorero del Ayuntamiento de El Puerto autoriza la enajenación del piso de Sevilla, los que pasan sin que se produzca ninguna acción tendente a encontrar a quien pueda pagar la deuda. De hecho, hubiera sido más fácil que se hubieran enterado por las páginas de Internet del Idealista.com, donde el piso fue colgado por los ganadores de la subasta a un precio de 165.000 euros. Una ganancia de 130.000 euros en unos pocos meses sin conocer ni el color de las cortinas.