El ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y el que fuera su concejal de Urbanismo entre los años 2003 y 2007, Juan Carlos Rodríguez, podrían enfrentarse a una condena de dos años de cárcel y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Así se desprende de la petición realizada por el fiscal en el caso de la urbanización irregular de Pinar de Coig, un suelo no urbanizable y protegido en el que se construyeron viviendas durante el mandato de Independientes Portuenses. El fiscal ha solicitado ya la apertura de juicio oral, que se verá en el Juzgado de lo Penal de Cádiz.

En la acusación remitida por el fiscal sólo se piden responsabilidades para el ex alcalde y el ex edil de Urbanismo, mientras que se pide el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre José Pinto Fuentes (propietario de los terrenos sobre los que se construyó); de Pedro Alamillos (también ex concejal de Urbanismo con Independientes Portuenses con anterioridad a Juan Carlos Rodríguez); de Fosco Valimaña (ingeniero que elaboró un proyecto de electrificación para las viviendas); y Rafael Pacheco Descalzo (quien vendió las parcelas).

El origen de la denuncia se remonta a marzo de 2005, cuando Ecologistas en Acción denunció en la Fiscalía a Díaz, Rodríguez y Pinto por un supuesto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La petición del fiscal está siendo trasladada a las partes en estos días, representadas por los abogados Enrique Bartolomé, por Ecologistas en Acción, José Miguel Pedrosa, por parte de varios vecinos y Felipe Meléndez, por parte de Hernán Díaz y Juan Carlos Rodríguez.

En el escrito de acusación del fiscal se indica que "durante los últimos meses del año 2003 y hasta el año 2005, los acusados, en el ejercicio de sus funciones en el Ayuntamiento de El Puerto, omitieron las medidas necesarias para restaurar la legalidad urbanística vulnerada en la zona de Pinar de Coig, que el PGOU vigente catalogaba como Sistema General de Espacios Libres, en la que se estaban llevando a cabo obras de edificación de viviendas, al no realizar actuación alguna pese al requerimiento que se efectuó al Ayuntamiento por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en marzo de 2004, en el que se le instaba a adoptar las medidas pertinentes en materia sancionadora y de protección de la legalidad urbanística ante las obras de parcelación y urbanización en Los Naranjos-Pinar de Coig".

El fiscal continúa exponiendo que "la omisión de medidas concretas se vio reforzada por actuaciones de los acusados tales como la solicitud de suministros básicos para la zona, pese a tratarse de un Sistema General de Espacios Libres". El día 8 de abril de 2005 se llegó a remitir a la compañía Sevillana de Electricidad un proyecto de red subterránea de baja tensión para dar suministro eléctrico a las treinta parcelas de la zona.

Para el fiscal "los hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación urbanística", considerando a Díaz y Rodríguez "coautores", por lo que solicita para ellos "las penas de dos años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve años". Pide además que se hagan cargo de las costas judiciales. En su escrito, el fiscal demanda además que se aporten para el juicio los certificados de penales de los acusados. En el caso de Hernán Díaz, ya está cumpliendo una condena por prevaricación que le apartó de la Alcaldía en 2006.

En el caso de José Pinto, Rafael Pacheco, Pedro Alamillos y Fosco Valimaña -este último imputado a petición de la defensa de Díaz y Rodríguez- el fiscal considera que "no ha quedado acreditada su participación en los hechos".