Sobornos con dinero en efectivo, con coches de lujo, trabajos para familiares, sesiones de hipnosis, propasarse con internas, falsificación de analíticas e informes, salidas de internos o visitas de familiares sin autorización de la dirección del centro... Corrupción. Mucha corrupción entre rejas, donde también hay que vigilar al que vigila para que no sienta la tentación de creerse todopoderoso. Por todo esto, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz detuvieron el pasado jueves a dos funcionarios de prisiones, uno de ellos, que responde a las iniciales I.M.P., destinado como educador en el Centro de Inserción Social (CIS) Alfredo Jorge Suar Muro de Jerez; y un segundo, J.M.G.R., que realiza su labor en la prisión portuense de Puerto III. Ambos han sido acusados por la autoridad judicial de un presunto delito de cohecho continuado en el tiempo.

Los hechos, que han sido investigados por guardias civiles de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Benemérita y del área de Jerez, y también por el fiscal anticorrupción, son extremadamente graves porque estarían poniendo en entredicho a algunos miembros del sistema penitenciario de la provincia.

Además de los dos detenidos, hasta el momento hay 21 personas investigadas (imputadas), básicamente reclusos y reclusas, que o bien han sufrido las supuestas prácticas delictivas de estos dos funcionarios o bien habrían sido testigos de las mismas. Todos ellos han ido pasando para prestar declaración por las dependencias de la Benemérita en la capital gaditana a lo largo de las últimas semanas.

Los arrestados pasaron la noche del jueves en la Comandancia de Cádiz y ayer fueron presentados en el juzgado de Jerez que lleva el caso. Su señoría decidió de momento prorrogar su arresto y los mandó de vuelta, en este caso a las dependencias de la Guardia Civil de Jerez, desde donde hoy volverán a ser llevados a su presencia.

Esta compleja operación de la Guardia Civil se puso en marcha en diciembre de 2014 y tuvo como desencadenante una denuncia presentada por la pareja de un interno, que aseguró que había abonado 2.000 euros a I.M.P. como anticipo por conseguirle una de las codiciadas pulseras del CIS. Estas pulseras, que están muy limitadas en el centro jerezano, permiten a los internos hacer una vida normal en la calle con la única exigencia de que a una hora determinada, pactada con su educador, deben estar en su domicilio.

Una vez que los agentes comenzaron sus diligencias observaron que esta práctica entre el funcionario del CIS y su compañero de Puerto III era habitual.

Según han confirmado fuentes de la investigación, J.M.G.R. ponía en contacto a I.M.P. con internos con alto nivel adquisitivo que pasaban de Puerto III al CIS, principalmente narcos, para exigirles pagos a cambio de hacer sus estancias más llevaderas o acelerar su acceso al 3º grado y posterior puesta en libertad condicional.

Uno de los internos que presuntamente habría hecho tratos con ellos sería el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, que habría accedido a encontrarle un trabajo al hermano de I.M.P. a cambio del 3º grado. Este hecho se produjo cuando el interno aún se encontraba en Puerto II, y al poco tiempo le fue concedido su paso al CIS de Jerez.

Según la declaración de testigos, I.M.P. llegó a realizar sesiones de hipnosis en su despacho a internos e internas y se habría aprovechado de su superioridad teniendo un comportamiento inapropiado con algunas reclusas. A una de ellas incluso quiso tratarla de una supuesta enfermedad mental.

Otro de los hechos de los que se acusa al educador del CIS es de haber recibido 8.000 euros de un interno por destinar al CIS a su novia, que cumplía condena en la prisión algecireña de Botafuegos. Una vez en el CIS realizó varios pagos de 1.000 euros por obtener protección para esta mujer. Curiosamente, en sólo siete meses la reclusa pasó de Botafuegos al 3º grado de Puerto II, posteriormente al CIS de Jerez, donde en poco tiempo se le dio la condicional, e inmediatamente después salió libre.

El juzgado también está investigando si I.M.P. habría permitido que varios reclusos tuvieran en su celda ropa de primeras marcas robadas en grandes almacenes y que llegan a vender al resto de internos. Parte de esta ropa se la habrían entregado a él como pago de favores y el resto habría ido a manos de otros reclusos.

Entre los diferentes regalos que habría recibido de internos con un importante poder adquisitivo se encuentra un BMW comprado por Juan El Cagalera, narcotraficante muy conocido de Sanlúcar de Barrameda y que fue detenido en la mítica Operación Pitón, que tuvo lugar entre los años 1990 y 1991 y que fue dirigida, entre otros magistrados, por el ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. En la actualidad dicho vehículo está registrado a nombre del propio I.M.P.

Otra de las irregularidades que cometía el educador detenido por la Guardia Civil el pasado jueves consistía en sacar a reclusos y reclusas sin autorización del subdirector del centro ni otra autoridad competente. Incluso se llevaba a los internos a comer a restaurantes a cambio de que estos se hicieran cargo de la cuenta. También se le acusa de introducir en el CIS a familiares de varios reclusos sin autorización.

Al funcionario se le investiga igualmente por supuesta falsedad en informes y se cree que habría podido manipular los resultados de analíticas de los internos por consumo de sustancias estupefacientes con el objeto de retirarles el 3º grado y mandarlos de vuelta a Puerto II o Puerto III si no hacían pagos en efectivo de 3.000 euros.

I.M.P. llegaba a facilitar su número de teléfono a internos, sobre todo a aquellos con antecedentes por narcotráfico, y mantenía contacto con ellos habitualmente.

El otro detenido en la operación es funcionario de Puerto III y responde a las iniciales J.M.G.R. Este no sólo se habría ocupado de poner en contacto a reclusos potenciales con I.M.P. sino que se habría aprovechado de su situación para sacar unos ingresos extras. Eso es lo que asegura un recluso que ha prestado declaración ante la Guardia Civil y al que el funcionario habría pedido 15.000 euros por proponerlo en la Junta de Tratamiento como adecuado para recibir el 3º grado. Por ello, y según asegura este recluso, cobró un anticipo de 7.500 euros, aunque dice que no cumplió con lo prometido y se quedó con el dinero porque los miembros de la Junta de Tratamiento fueron sustituidos.

A esta persona se le acusa igualmente de haber pedido a un recluso una rebaja sustancial en la compra de un vehículo, un Volkswagen Polo 1.9, que se registra a nombre de su mujer. En el contrato de compra-venta no figura la cantidad de dinero que costó el coche, algo cuando menos sospechoso en un documento de este tipo.

Ambos funcionarios solían quedar en el restaurante existente frente al CIS de Jerez para que el segundo de ellos informara sobre los objetivos potenciales a los que se les podría solicitar dinero en efectivo o regalos.

Además de la veintena de investigados, la Guardia Civil ha tomado declaración a 17 testigos, entre los que hay internos de ambos centros penitenciarios y funcionarios que habrían presenciado algunas de las irregularidades de las que se acusa a los dos detenidos.

La Dirección de Centros Penitenciarios está muy pendiente de esta investigación de la Guardia Civil, cuyos agentes han realizado una labor concienzuda y muy extensa, y estará vigilante ante el más mínimo indicios de que prácticas similares puedan estar desarrollándose en otras prisiones y centros de inserción del país.