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Provincia de Cádiz

La Junta multa con 300.000 euros a una farmacia por hacer de mayorista

  • La botica sancionada es reincidente y habría acopiado ciertos medicamentos para venderlos en el extranjero a mejor precio

El negocio es redondo y se reduce a lo de siempre: comprar en grandes cantidades donde es más barato para vender donde es más caro. La gravedad de este caso es que se trata de medicamentos, sujetos legalmente a una estricta distribución que, si se incumple, puede llevar al desabastecimiento y a dejar sin tratamiento a quienes dependen de él para sanar. O para vivir.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó ayer sancionar con una multa de 300.000 euros al titular de una oficina de farmacia de la provincia -de cuyo nombre y población no se ha informado- por comercializar y distribuir, como almacén mayorista no autorizado, medicamentos que adquiría para su negocio a los proveedores legales.

Fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz aseguraron a este periódico no disponer de datos sobre este caso, pero han apuntado que en ocasiones anteriores, algunas farmacias denunciadas por el órgano colegiado ante la Delegación Territorial de Salud habían hecho acopio de ciertos medicamentos para venderlos a mejor precio en otros países -como Alemania, Reino Unido, Bélgica o Austria- donde resultan hasta tres o cuatro veces más caros que en España. Entre estos figura, por ejemplo, Strattera, unas cápsulas de atomoxetina que se usan contra el Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad; Stalevo, contra el Parkinson; Spiriva y Plusvent, para tratar enfermedades respiratorias, e incluso ciertas medicinas oncológicas.

La Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos sanitarios tipifica como infracción "muy grave" realizar, por parte de las oficinas de farmacia, actividades de distribución de medicamentos a otras oficinas de farmacia, almacenes mayoristas autorizados, u otras entidades, centros o personas físicas sin autorización para la actividad de distribución, o bien la realización de envíos de medicamentos fuera del territorio nacional.

Según la Junta, la sanción acordada se impone "en su grado máximo" al concurrir "circunstancias agravantes" de fraude, incumplimiento de las advertencias previas, perjuicio causado, permanencia o transitoriedad de los riesgos y beneficio obtenido con la infracción, entre otras.

El procedimiento sancionador fue iniciado en 2014 por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Cádiz, a raíz de la labor realizada por el Servicio de Inspección de la Consejería de Salud. Durante 2015, los profesionales de este cuerpo realizaron 26 inspecciones a oficinas de farmacia por distribución de medicamentos o ventas sin receta en la comunidad autónoma. Cinco de ellas motivaron la apertura de expedientes sancionadores.

A través de un comunicado, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz ha condenado "cualquier práctica que ponga en peligro el acceso del paciente a sus medicamentos, que constituye la esencia del modelo de farmacia que disfrutamos en nuestro país". El órgano colegiado ha manifestado que seguirá "colaborando como hasta ahora con las administraciones sanitarias, la Justicia y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para perseguir y erradicar cualquier actuación de distribución ilegal de medicamentos u otra que ponga en peligro el acceso del paciente a sus medicamentos en las farmacias de la provincia y se aplicará al infractor, con el máximo rigor, el Código Deontológico de la profesión". Por último, lamenta el daño a la imagen de los farmacéuticos que generan estos casos.

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