IU solicitó ayer su personación como acusación particular en el procedimiento que sigue el Juzgado Mixto Número 1 de Sanlúcar contra la concejala del PSOE Inmaculada Muñoz, actualmente delegada municipal de Economía y Hacienda; la edil de Ciudadanos (C's) Elena Sumariva, que era responsable de Educación en el anterior mandato del Ayuntamiento; y Francisco Collado, ex asesor económico del socialista Víctor Mora, alcalde de la ciudad, por el caso Escuelas de Verano.

Esta formación política, que denunció el caso en los juzgados, aseguró que "el Ayuntamiento de Sanlúcar ha recibido un escrito en el que se informa de la imputación de las dos concejalas", destacando además que Sumariva va de número siete en la candidatura de Ciudadanos al Congreso de los Diputados. Sobre el tercer "imputado", señaló que "fue cesado como asesor económico del alcalde después de que IU diese a conocer las posibles irregularidades", si bien "ahora es asesor" de la presidenta de la Diputación Provincial, la socialista Irene García.

Según recordó, el procedimiento judicial se inició por la denuncia que presentó IU el año pasado por la contratación municipal de las llamadas Escuelas Municipales de Verano y Otras Vacaciones "a una empresa propiedad del que era asesor del alcalde" durante el anterior mandato del Gobierno local PSOE-Ciudadanos. La coalición izquierdista decidió denunciar el caso al entender que "se incurrió en una incompatibilidad al contratar con la empresa del asesor", apuntando que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de "malversación, tráfico de influencias y prevaricación".

Previamente, este grupo de la oposición solicitó explicaciones al Gobierno municipal, lo que "provocó la anulación del contrato con la empresa el 14 de agosto de 2014" por una "incompatibilidad sobrevenida no conocida por las partes", según argumentó el equipo de Gobierno. En septiembre del mismo año, IU presentó una moción al Pleno del Ayuntamiento planteando abrir una comisión de investigación que dilucidara responsabilidades políticas, una propuesta que fue rechazada por el Gobierno PSOE-C's. El propietario de la empresa "fue cesado del puesto de asesor por decreto".