La Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía ha inspeccionado en los dos últimos meses un total de 62 talleres en la provincia de Cádiz en el marco de la campaña contra establecimientos ilegales. Como consecuencia de estas actuaciones, los agentes han detectado infracciones e irregularidades graves en 34 de estos establecimientos, con un total de 75 infracciones. 

En una nota, la Junta ha explicado que las inspecciones se han realizado en las localidades de Jerez, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Espera, El Puerto de Santa María y Alcalá de los Gazules. En lo que respecta a la comarca del Campo de Gibraltar, donde se han realizado 37 visitas de control, éstas se han localizado en Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios y Tarifa. 

En el marco de esta exhaustiva campaña de inspección para la detección de talleres clandestinos en la provincia de Cádiz, las infracciones más frecuentes detectadas por la Policía andaluza, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, han sido la carencia de la documentación necesaria o registro en la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz para el ejercicio de la actividad; así como la ausencia del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil o de la preceptiva Licencia de Apertura del establecimiento. 

Aparte de estas infracciones de carácter administrativo también se han detectado otras como la ausencia en muchas de las instalaciones de las medidas adecuadas de prevención y extinción de incendios, a pesar de tratarse de instalaciones de carácter industrial, con el consiguiente riesgo para los empleados, usuarios y vehículos en reparación. 

También se ha constatado la ausencia de medidas adecuadas de gestión, tratamiento o eliminación de los residuos que genera la actividad (aceites usados, baterías, neumáticos y otro tipo de residuos contaminantes y peligrosos), que se desechan por cauces ilegales con el consiguiente riesgo medioambiental. 

La Policía adscrita también ha informado de infracciones en materia de consumo, entre ellas la ausencia de Libros de Reclamaciones o la publicación de las tarifas de precios. 

Además, muchas de las instalaciones revisadas por los agentes eran naves industriales de considerables dimensiones y con un gran volumen de trabajo que operaban con apariencia de legalidad, aunque sin los requisitos mínimos exigidos.