-La Justicia se enfrenta a un gran reto de aquí a final de año: papel cero en los tribunales a partir del 1 de enero de 2016. ¿A qué obedece este objetivo?

-El objetivo fundamental es normalizar la situación de la administración de Justicia, que desde siempre ha tenido y tiene un retraso tecnológico evidente frente al resto de administraciones, como por ejemplo la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, Tráfico... y colocarla, como mínimo, al mismo nivel que el resto de las existentes. A su vez, aspiramos a construir una Justicia más abierta y trasparente al ciudadano, mucho más ágil y moderna, que es lo que se demanda desde todos los sectores de la sociedad.

-¿Están los juzgados gaditanos preparados para asumir esta tarea en los tres meses que restan?

-Permítame que le aclare lo que entendemos como papel cero. Lógicamente no estamos hablando de que a partir del día 1 de enero de 2016 desaparezca todo el papel de los juzgados; seríamos ilusos si pretendiéramos esa meta, que es material y económicamente inviable en los tiempos que vivimos, porque supondría escanear todos los documentos que actualmente se encuentran en las sedes judiciales. Lo que se persigue, y es perfectamente viable, es que el papel (demandas, escritos, atestados policiales) no tenga entrada de forma física en los juzgados, sino de forma electrónica o digital. Es decir, recibiremos todos los documentos vía telemática a partir del 1 de enero de 2016, lo que no quiere decir que se digitalicen todos los expedientes que hay en la administración de Justicia. Eso vendrá después.

-Entonces, tanto los profesionales de la administración de Justicia como los órganos judiciales estarán obligados a utilizar medios electrónicos para la presentación de escritos y documentos.

-Así es. Existirá la obligación legal, establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil recientemente aprobada en el Congreso, de que los profesionales de la Justicia y los órganos judiciales utilicen los sistemas telemáticos existentes en la administración para la presentación de escritos y documentos y para la realización de actos de comunicación procesal. Para este fin se han modificado tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la Ley Orgánica del Poder Judicial, reformas legislativas que avanzan en dar un paso importante en la transformación de esta administración.

Asimismo, una vez avance y se consolide esta dinámica, se aspira -como consecuencia de lo anterior- a la creación del expediente judicial electrónico como objetivo base para conseguir modernizar la Justicia. Esta previsión, que está establecida en la Ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tendrá ahora su verdadero impulso para poder erradicar el papel en las oficinas judiciales y conseguir finalmente que este soporte quede eliminado.

Este cambio en el funcionamiento no es sólo una actuación reglada, sino que se trata de un plan transversal inmerso dentro de diferentes programas y actuaciones de tipo tecnológico y organizativo diseñados por el Ministerio de Justicia.

-¿Esta reforma traerá consigo una mayor agilidad y eficiencia en los procedimientos?

-Por supuesto ganaremos en agilidad, ya que podremos comunicarnos con los ciudadanos vía sms o por correo electrónico, evitando así gastos que en la actualidad devienen innecesarios, como el uso del correo certificado, telegramas, burofax... es decir, medios que son impensables para ese mismo ciudadano que se relaciona, por ejemplo, con su banco exclusivamente vía internet o compra un producto a través de una página web.

Hoy por hoy, para citar a una persona a un juicio el juzgado tiene que enviar una carta certificada con acuse a su domicilio; muchas veces dicha carta permanece a la espera durante un mes en la oficina de Correos hasta su total cumplimentación; en ocasiones Correos devuelve dicha comunicación sin poder cumplimentarla y el órgano judicial tiene que enviarla a un servicio común de notificaciones y embargos existente en la mayoría de los partidos judiciales, volviéndose a ralentizar aún más la gestión. Pues bien, este trámite, con un simple correo electrónico o un envío sms, se habría solucionado en cuestión de pocos minutos.

Comprenderá que el cambio en la manera de trabajar y en la agilidad de los procedimientos será enorme y acorde a lo que en la actualidad ocurre en el resto de las actividades de nuestra vida cotidiana.

-¿Cómo afectará la Justicia digital al ciudadano de a pie?

-Les acercará a una Justicia que siempre ha tenido fama de lejana y de falta de claridad y, por supuesto, mejorará los tiempos en la tramitación de los procedimientos de una forma importante. Créame que no estamos hablando de ciencia ficción, puesto que ya los servicios de comunicación y avisos por sms están funcionando en esta provincia; también se están instalando cuentas de correo institucionales en todos los órganos judiciales, encontrándonos actualmente en un nivel de un 90% en todos los ámbitos jurisdiccionales.

-¿De qué inversión estamos hablando? ¿Habrá un ahorro significativo?

-La inversión que el Ministerio tiene establecida para Andalucía es de un millón y medio de euros aproximadamente. Se trata de un convenio firmado hace dos meses en el que la Consejería de Justicia, administración encargada de conseguir los medios materiales y tecnológicos para esta medida, realizará las gestiones necesarias para llevarla a cabo; hecho que me consta ya está llevando a cabo.

-Hay cierto escepticismo entre los propios funcionarios y otros profesionales sobre la idoneidad de este proyecto de papel cero. ¿Qué les diría a ellos?

-Que confíen en que la introducción de los medios tecnológicos y la modernización son metas que tenemos que conseguir entre todos, porque en pleno siglo XXI tenemos que salir de un sistema anclado en el siglo XIX. Debemos situarnos al mismo nivel que el resto de administraciones que ya han evolucionado a los tiempos actuales. Somos conscientes de que en el ámbito judicial los cambios siempre cuestan y se entienden lógicas las posibles reticencias que pudieran existir, ya que todos tendemos a trabajar en nuestra zona de confort y salir de ella siempre es asumir ciertos riesgos que algunos son reacios a aceptar; pero tenemos que entender que el avance es inevitable y que tenemos que cambiar y evolucionar si queremos que funcionemos mucho mejor que ahora.

Pongo como ejemplo cuando hace aproximadamente tres años implantamos en la provincia el sistema de notificaciones Lexnet. En ese momento había temores sobre si iba a suponer una mejora o no en la tramitación de los procedimientos y hubo que superar esos miedos, simplemente a base de hechos palpables, de manera que en la actualidad el nivel de satisfacción es muy elevado y es una herramienta muy útil que está ahorrando mucho trabajo en todos los órganos judiciales.

-Aventúrenos cómo será la Justicia el 1 de enero de 2017, un año después de la entrada en vigor del papel cero.

-Nos encontraremos con una Justicia más cercana en la que el ciudadano podrá consultar el estado de su expediente a través de la sede electrónica y estar al día de la tramitación de su asunto. Las notificaciones y citaciones podrán ser realizadas a las direcciones electrónicas. Los nacimientos que se produzcan en los hospitales serán directamente inscritos en el Registro Civil sin necesidad de presencia física de los padres; igualmente ocurrirá con las defunciones que se produzcan en todos los centros sanitarios. A través de las subastas electrónicas, las personas podrán acceder de una manera rápida a cualquier subasta judicial que se celebre en cualquier juzgado de España y podrán pujar durante un periodo de tiempo para adquirir los bienes que estén sujetos a licitación...

En definitiva, tendremos unos procedimientos que en su totalidad estarán digitalizados y cambiarán la actual fisonomía de los juzgados ante la falta o inexistencia de esos grandes tomos de papel, dando no sólo una mejor imagen de esta administración, sino agilizando los tiempos de tramitación de todos los expedientes de una manera muy significativa.