El patrón del Nuevo Pepita Aurora, José Vega, aceptó ayer una condena de 18 meses de prisión e indemnizar con 150.000 euros a cada una de las familias de los ocho pescadores fallecidos o desaparecidos en el naufragio del 5 de septiembre de 2007 y con 35.000 euros a los siete supervivientes. La jueza del juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras suspendió la pena de cárcel, condicionada a si durante los próximos dos años no comete delito y abona la responsabilidad civil o se decreta su insolvencia. 

La conformidad de las partes en el procedimiento penal que abordó esta tragedia cerró ayer en el Palacio de Marzales de Algeciras un doloroso capítulo del sector pesquero de la provincia de Cádiz. En ello coincidieron el abogado que representa a cuatro de las viudas, Ramón Dávila, y el del único imputado del caso, Jesús Gómez Grosso, que se mostró satisfecho porque su cliente no tendrá que pisar la prisión, aunque lamentó que "los verdaderos responsables" no estuvieron allí ayer, que según ellos son "la Administración, el astillero y el ingeniero que diseñó el barco".

Las viudas y los familiares de las víctimas y los marineros supervivientes de aquel naufragio accedieron a la sala del juzgado de lo Penal número 2 cinco minutos antes de las 11 de la mañana con la esperanza de conocer qué ocurrió aquel día, cuando sus hombres volvían de faenar en Marruecos y nunca llegaron al puerto de Barbate. 

José Vega, que había entrado en el juzgado sin querer hacer declaraciones, oyó desde el banquillo la conformidad de los letrados sobre los 18 meses de prisión planteados por ocho delitos de homicidio imprudente, siete de lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Además, indemnizaciones a las familias de los cinco fallecidos y los tres desaparecidos de 150.000 euros y de 35.000 euros a cada uno de los siete supervivientes del hundimiento del Nuevo Pepita Aurora, más la inhabilitación para ejercer la pesca profesional durante el tiempo que dure la condena. 

La jueza pidió entonces al acusado que se pusiera en pie para preguntarle si estaba conforme con lo expuesto por los letrados. "Por consejo de mi familia, de mis amigos y de mi abogado, estoy conforme", dijo José Vega. La magistrada indicó que dictaba sentencia sin necesidad de celebrar el juicio por haber reconocido el acusado los hechos que se le imputan no sin antes suspender la pena de 18 meses de prisión, condicionada a que el acusado no cometa delito alguno en dos años y haga frente a la responsabilidad civil, a no ser que se decrete su insolvencia. 

"De alguna manera termina una etapa. La instrucción ha sido excesivamente larga, la principal lección que hay que sacar es que no se pueden hacer instrucciones tan larguísimas. Yo por lo menos estoy satisfecho con la solución que se ha adoptado, no es la mejor, pero tampoco es la peor para nosotros", dijo Ramón Dávila, que anunció que ahora iniciará un procedimiento de embargos para conseguir la ejecución y otro de responsabilidad patrimonial del Estado, que ya ha tramitado, "como consecuencia del mal funcionamiento de los servicios públicos, tanto de la Marina Mercante como de otros servicios que fallaron en todo el proceso tanto del rescate del barco como el control de las inspecciones" que, a su juicio, "no se hicieron correctamente".  

"Creo que esto deja un vacío grande, que no se demostrará ya en vía penal. Creo que ese barco no debió nunca navegar porque no reúne las condiciones mínimas de estabilidad para ello. Eso no es culpa del patrón ni de ninguno que navegaba en el propio buque", valoró a la salida de la sala el abogado Jesús Gómez Grosso. "No estaban ahí los que debían de estar, que son la Administración, el astillero y el ingeniero que diseñó el barco. Durante estos ocho años de instrucción hemos intentado que se les incluyeran, cosa que correspondería al Ministerio Fiscal. No ha podido ser y al final hemos aceptado una condena muy pequeña que no va a conllevar prisión porque se ha suspendido. Estamos muy contentos, sobre todo mi cliente porque terminan para él ocho años de sufrir y a partir de ahora quiere rehacer su vida", añadió el abogado de José Vega, que apuntó que su cliente, en principio, no tiene ánimo de iniciar otro procedimiento contra los que considera responsables y que se declarará su insolvencia porque ya tiene bienes embargados que no cubrirán la pena. 

En cuanto a las familias de las víctimas y los supervivientes, la sentencia les dejó sin respuestas a sus preguntas sobre qué fue lo que falló. "Nosotros tampoco queríamos que metieran al chaval en la cárcel. Le va a pagar 150.000 euros a las viudas y a nosotros 35.000 euros. Compraremos tabaco, qué vamos a hacer", manifestó José Crespo, uno de los supervivientes. "Aunque sea insolvente, la indemnización que nos la pase. Que busque por donde sea, porque los cuerpos no van a aparecer. Yo le daba a él lo que nos va a indemnizar pero que nos traiga a mi padre", declaró Perla Lucio, hija de uno de los desaparecidos, Andrés Lucio.