Recién cumplidos los 38 años, este arquitecto casado con dos hijas encabeza el nuevo Gobierno local PSOE-IU que ha tomado el relevo tras los doce años de mandato de la coalición PP-Roteños Unidos (RRUU) gracias al vuelco electoral del 24 de mayo. El socialista Javier Ruiz Arana lleva ya un mes como alcalde de Rota.

-¿Cómo se ha encontrado el Ayuntamiento? ¿Mejor o peor de lo que esperaba?

-El mayor problema ha sido el de personal. Nos hemos encontrado a delegaciones que son fundamentales, como Cultura, Deportes, Educación o Prensa, sin ningún empleado, porque el anterior equipo de Gobierno había despedido a mucha gente que estaba con contratos temporales. Donde tenemos más problemas es en delegaciones importantísimas para el funcionamiento del Ayuntamiento, como Contratación, Personal o Urbanismo, que están totalmente colapsadas. Y en la contratación del personal de Playas hemos pasado un mes de mucho estrés para poner en marcha todos los servicios.

-¿Y en lo que se refiere a las cuentas municipales?

-El anterior Gobierno local dijo públicamente que las habían dejado con ocho millones de euros y es cierto. Pero eso garantiza dos o tres meses de nóminas y pagos urgentes de la importante deuda con la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir y la devolución de liquidaciones del IBI de la Base por culpa de las sentencias que están llegando del Tribunal Supremio anulando las compensaciones realizadas. Eso va a provocar que la deuda actual de 35 ó 36 millones pase a ser, de golpe y porrazo, de 42 ó 43 millones, algo que es achacable a la gestión del equipo de Gobierno saliente.

-¿Para cuándo la auditoría?

-Contratación es un departamento con mucha carga de trabajo y muy poco personal. Las prioridades son, por este orden, el pliego de condiciones de la concesión del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, porque el contrato con la actual empresa (FCC) está prorrogado y tenemos que sacarlo cuanto antes para que esté en marcha antes de final de año; la apertura de la nueva escuela infantil Laguna del Moral al inicio del curso; y la auditoría externa, que espero que se adjudique después del verano para que comience en septiembre.

-En términos generales, ¿cuáles serán las prioridades del nuevo Gobierno local?

-Rota tiene que diversificar su economía, aunque es cierto que hay una dependencia importante de la Base que, sin duda alguna, hay que seguir aprovechando porque es la principal fuente económica del municipio. Hay que desestacionalizar el turismo para no depender sólo de los dos meses de verano. Tenemos varios proyectos en esa línea para desarrollarlos lo antes posible. Y la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el plan especial del casco histórico van a permitir revitalizar el importante sector de la construcción. Queremos hacer un plan específico para que los parados de este sector puedan encontrar trabajo y, al mismo tiempo, mejorar muchas dependencias municipales actualizándolas en eficiencia energética.

Por otro lado, hay que explotar sectores que no han estado suficientemente atendidos hasta ahora, como el agroalimentario, la agricultura y la pesca, aparte del comercio local, al que hay que apoyar, por ejemplo, con actividades de animación en el centro.

En definitiva, el objetivo es reducir considerablemente la cifra aproximada de 3.500 parados que tiene Rota. Entendemos que es posible porque el Ayuntamiento, aunque no es el que genera empleo, porque eso lo tienen que hacer las empresas y los emprendedores, sí que debe ser el motor para movilizar todo el potencial de la ciudad con el apoyo de otras administraciones.

-¿Y cómo afrontará el asunto de la compensación por la Base?

-El acuerdo alcanzado al final del pasado mandato municipal deja una sensación un poco agridulce, porque es cierto que, por fin, se reconoce una singularidad. En eso tiene razón el anterior Gobierno local. Pero también es verdad que no recoge las reivindicaciones históricas que venían planteando todos los partidos de la Corporación.

Es positivo que el acuerdo recoja en la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) la población española que no está censada en Rota, lo que supondrá un ingreso de en torno a 1,5 millones de euros, pero hay dos cuestiones negativas: tenemos que devolver todas las liquidaciones del IBI anuladas por el Tribunal Supremo y no se computa la población norteamericana residente en Rota, como recoge el estudio que encargó el Ayuntamiento, algo que supondría pasar de esos 1,5 millones a 3,5. El Consistorio seguirá trabajando para mejorar el acuerdo.

-¿Qué reflexión le merece la delicada situación judicial de los ex alcaldes Lorenzo Sánchez (RRUU) y Eva Corrales (PP)?

-Evidentemente, no deseamos que nadie entre en prisión. Lo que sí esperamos es que la Justicia resuelva cuanto antes, que las penas sean lo más justas posibles y que las personas que lo hayan hecho mal sean castigadas. Lo que nos molesta es que hayamos tenido que llegar a esta situación después de haberlo reclamado muchas veces en el ámbito político porque los anteriores gobernantes tensaron mucho la cuerda y llegaron a sentirse por encima del bien y del mal.