Provincia de Cádiz

Ouviña tenía 10 millones en sus cuentas 4 meses antes de ser denunciado

  • Un informe de CaixaBank demuestra que poseía más de 40 cuentas corrientes con dinero en noviembre de 2010 La entidad detectó y alertó de irregularidades

Mientras el proceso judicial que intenta aclarar el fraude de Bahía Competitiva sigue estancado (no se producen novedades desde hace meses), van apareciendo nuevos documentos que dan fe del montante económico que llegó a manejar el que está considerado como el cabecilla de la trama empresarial, el gallego Alejandro Dávila Ouviña. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, a fecha 1 de noviembre de 2010, el gallego poseía unos fondos antes de solicitar las ayudas que luego habría tratado de aumentar irregularmente mediante la percepción de fondos públicos.

Entre los fondos que podría sumar, antes de solicitar las subvenciones, hay al menos 10,7 millones de euros en cuentas de empresas asociadas a sus proyectos anunciados para la provincia de Cádiz, pero que nunca vieron la luz. Así, según dicho documento, Dávila Ouviña tenía dinero en 41 cuentas asociadas a otras tantas empresas, todas en La Caixa (hoy CaixaBank).

Lo primero que llama la atención es que ese saldo lo poseía el gallego un año antes de que se produjera su detención en su población natal (A Pobra do Caramiñal, en A Coruña). Visto así, podría parecer que en ese plazo, el supuesto cabecilla de la estafa pudo tener tiempo suficiente para hacer desaparecer el dinero. Estos fondos los necesitaba como "señuelo" para demostrar a la Administración su solvencia para llevar a cabo los proyectos. Como declaró en su día el entonces consejero de Innovación de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, fue la propia Agencia IDEA la que denunció las irregularidades ante el Banco de España y ante la Fiscalía en marzo de 2011, al advertir circunstancias que no le cuadraban en la actividad de Dávila, sólo cuatro meses después de la fecha en la que Ouviña tenía casi 11 millones de euros asociados a sus cuentas.

Lo llamativo del caso es que, si se detectaron irregularidades en esa fecha, nadie ha sabido explicar hasta la fecha por qué no se ha podido recuperar el dinero estafado. Cabe recordar que, según consta en las diligencias policiales, el fraude podría superar los 21 millones de euros y todos corresponderían a subvenciones a fondo perdido solicitadas por Ouviña al Ministerio de Industria, dento del Plan Reindus para la Bahía, y para las que no se solicitaban avales. Este punto tiene su importancia ya que es aquí donde el papel de La Caixa, donde Ouviña tenía depositados los fondos propios antes de solicitar las subvenciones, empieza a cobrar importancia.

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la entidad bancaria expone en un informe que, de las 41 empresas mencionadas, sólo hay seis con actividad: Gest Solar Galicia Unipersonal (con un saldo de más de 600.000 euros en la fecha indicada, noviembre de 2010); Soluciones Tecnológicas Marinas (con un saldo de más de 545.000 euros); Acuasistemas Acuicultura y Medioambiente (con un saldo de más de 200.000 euros); Soluciones Tecnológicas Ambientales (con un saldo de 2,3 millones de euros); Policultivo Investment (con algo más de 6.000 euros); Tecmargal (con 864 euros de saldo). De las seis, las tres últimas tenían relación con la provincia de Cádiz y sólo Soluciones Tecnológicas Ambientales tuvo sede, con una nave en El Puerto, aunque no prosperó. Con cargo a este proyecto logró el gallego una de las subvenciones de Industria.

El resto de sociedades, todas ellas relacionadas con el fraude en la Bahía, tienen fecha de apertura de cuentas en La Caixa entre mayo y octubre de 2010, y aparecen con saldos que oscilan entre los 4.000 y los 13.000 euros. Tres de ellas, Circunmetal, Sidermetalux y SideroPark, contaban con 100.000 euros de saldo. De todas ellas, La Caixa expone en su informe que no tenían actividad alguna.

Otro dato importante que refleja la entidad bancaria es que, mientras elaboraba el informe al que ha tenido acceso este periódico, se cancelan 11 cuentas de otras tantas empresas. Se corresponden con sociedades relacionadas, en su mayoría, con los proyectos vinculados con Cádiz, para los que el empresario había solicitado las ayudas a Industria. Sin embargo, como indica La Caixa en su informe, "todas acreditan saldos irrelevantes".

Asimismo llama la atención un hecho. Dávila Ouviña también intentó conseguir fondos públicos, en este caso, de la Junta de Andalucía. Solicitó certificaciones a la oficina de La Caixa en su localidad natal para lograr subvenciones de la Agencia IDEA. En este caso, este tipo de ayudas requerían demostrar a la Administración disponer de "músculo financiero propio", que fue lo que intentó conseguir Ouviña y para lo que, al parecer, habría contado con la ayuda del que fue director de esa oficina bancaria, para que le emitiera unos certificados del saldo que arrojaban las cuentas de sus sociedades. Como consecuencia de todo esto, según ha podido saber este periódico, en el desarrollo del proceso judicial se puso de manifiesto que fue la propia entidad bancaria la que detectó irregularidades y, por tanto, la que paró el proceso de esas certificaciones, con lo que nunca se llegaron a recibir fondos públicos de IDEA. Todo aquello finalizó con el despido del director de la oficina bancaria que, además, está imputado en otra causa por supuesta creación de una banca paralela en dicha sucursal. Pero es otro asunto sin relación alguna con Bahía Competitiva. Lo que también ha podido saber este periódico es que, antes que la propia Junta, fue La Caixa quien alertó a las autoridades de que había ciertas irregularidades en las maniobras de Ouviña.

Pese a esto, La Voz de Galicia publicó recientemente a este respecto que las diligencias realizadas por los agentes de la Udyco de Sevilla que llevaron el caso aseguraron que "el rastro del dinero se ha perdido en un laberinto de empresas que operan en paraísos fiscales, otras cantidades se esfumaron en fondos de inversión, el resto fluía de unas cuentas a otras, pertenecientes a los mismos empresarios. Su recuperación es improbable; empresarios que gestionan sociedades que supuestamente facturaban millones de euros no tenían patrimonio a su nombre". El periódico gallego también alertaba de que en una de las auditorías de La Caixa, la que se describe en esta información fechada el 10 de diciembre del 2010, "reconoce que la oficina de A Pobra emitió cuatro certificados, sellados, firmados y con número de registro por Caixabank de solvencia absoluta económica y financiera de empresas recién creadas, sin apenas capital social y sin ninguna operativa en la entidad para conseguir estas ayudas públicas enmarcadas dentro del plan Bahía de Cádiz". En conclusión, Ouviña utilizó los certificados de saldos como señuelo para demostrar solvencia con el aparente objetivo de ser destinatario de unas ayudas que, finalmente, no han redundado en beneficio de la Bahía de Cádiz.

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